El pedido que ha hecho el Gobierno a la Contraloría General del Estado para que revisar los contratos colectivos de cuatro grandes empresas públicas del país es acertado, aunque debió haberse realizado hace mucho tiempo.
En realidad, tales contratos nunca debieron darse. Las autoridades debieron identificarlos como lesivos para los intereses del país.
Se dice esto por la serie de canonjías que se establecen a favor de trabajadores del sector público.
Ahora, preferible tarde que nunca, actores políticos buscan parar esos contratos, lo cual está muy bien.
Las condiciones de trabajo deben ser similares para todos los ecuatorianos, pero al tenor de la contratación colectiva la fuerza laboral parece estar dividida en tres categorías:
La de la empresa privada, que no tiene tales beneficios; la de los trabajadores de empresas públicas que reciben algunos beneficios, y los que se amparan en leoninos contratos colectivos.
Este tipo de contratos ha sumado, durante décadas, multimillonarias pérdidas para el fisco.
Además para los ciudadanos, que son quienes aportan al Estado con el pago de impuestos, y constituyen una distorsión de la economía.
Haría bien la Contraloría en emitir un informe real de lo que representan estos contratos.
Y también lo haría la clase política si terminara con este tipo de beneficios en contratos sin revisar.
Editorial de El Diario publicado el jueves 4 de julio del 2024 en nuestra edición impresa.
