La crisis fiscal es tal que el Gobierno ha anunciado que no podrá pagar a tiempo las remuneraciones del sector público y que continuarán los atrasos en los pagos a los proveedores y a los gobiernos seccionales. Urge flexibilidad laboral hasta para el Estado.
El régimen ha dicho que establecerá una prelación de pagos, de tal forma que los primeros en cobrar sean las fuerzas del orden, los médicos, los profesores y el personal de otras áreas consideradas estratégicas, y seguirá con los demás sectores.
En lugar de que se pague de esta forma, con una priorización en función de la labor que desempeña cada funcionario público, el Gobierno debería pagar a todos, por igual, un porcentaje de la remuneración.
No es justo que un grupo de funcionarios cobre sus sueldos y otros no, porque no alcanzó el dinero.
“La crisis fiscal se ha extendido a la empresa privada, pues no se pueden cubrir obligaciones”.
Por otro lado, la crisis fiscal se ha extendido a la empresa privada, pues una parte de este sector de la economía es proveedor del Estado y, al tener cobros pendientes, tampoco puede cumplir, a su vez, con sus empleados y proveedores.
Se configura así un círculo crítico que se extiende más allá de los entes estatales.
Todo esto demuestra que es necesaria una legislación laboral que flexibilice las relaciones de trabajo y que dé facilidades de contratación y de desvinculación, cuando sea necesario. Urge flexibilidad laboral.
Muy aparte de la oposición de ciertos sectores, los legisladores y el Gobierno deben planificar las cosas según las conveniencias del país.
Editorial de El Diario publicado el viernes 2 de febrero del 2024 en nuestra edición impresa.
