Un juez de la provincia de Cañar ha emitido un fallo en el sentido de que los medios de comunicación privados no están obligados a rendir cuentas.
Es lo justo y lo lógico, pues los medios privados no son entidades públicas ni manejan recursos del Estado para rendir cuentas.
En realidad, la obligatoriedad de que los medios tengan que rendir cuentas fue el resultado de una distorsión de conceptos durante el gobierno de la Revolución Ciudadana.
Ese gobierno consideraba que la comunicación era un servicio público, provisto y regulado por el Estado.
En realidad, la comunicación es un derecho fundamental de los individuos, no un servicio público.
“La obligatoriedad de rendir cuentas fue el resultado de una distorsión”.
Y es que los medios no tienen exclusividad, ni son monopolio ni han recibido delegación estatal.
Se deben a sus audiencias y a sus clientes, no a los gobiernos.
A través de esta columna editorial, se aplaude la resolución del juez.
Además se augura que quede en firme para que nunca más vuelvan a presentarse los excesos con los que se persiguió a los medios de comunicación privados y a periodistas durante la época del correísmo.
Editorial de El Diario publicado este lunes 1 de enero del 2024 en nuestra edición impresa.
