Que las manifestaciones de violencia hayan llegado a clases en las aulas virtuales, donde, se supone, debe existir un entorno tecnológico protegido, tiene que ser motivo de preocupación e investigación por parte de las autoridades educativas, de la Policía y de la Fiscalía.
No sólo debe hacerse por la concurrencia de delitos como el terrorismo, la amenaza pública y la falsificación de identidad, sino, sobre todo, por la necesidad absoluta de proteger la integridad de docentes, padres de familia y estudiantes.
Es muy grave que supuestos miembros de grupos delictivos hayan ingresado en las aulas virtuales de colegios. Hay que investigar la violencia en clases.
Y los casos registrados en un mismo día, para, incluso exhibiendo armas, amenazar a quienes estaban ahí.
Sería de mucha más gravedad si se tratase de estudiantes o si los permisos de acceso a las aulas virtuales les hubieran sido facilitados por miembros de la comunidad educativa.
“La lucha contra la violencia en el entorno educativo corresponde a todos”.
Al mismo tiempo, se deben extremar medidas para incrementar la seguridad tanto en lo físico como en lo tecnológico para evitar que hechos así lleguen a repetirse o, peor, consumarse.
La lucha contra la violencia en el entorno educativo corresponde a toda la comunidad y no sólo a las autoridades de los planteles y a los docentes.
Es un mal que hay que erradicar pronto y entre todos.
Editorial de El Diario publicado el jueves 18 de enero del 2024 en nuestra edición impresa.
