La situación presupuestaria y política del país requiere un más eficiente ejercicio de transparencia en todos los ámbitos de la función pública.
Esto servirá no solamente para sincerar los gastos de la función pública, que generen los procesos de la administración estatal, sino también para que la ciudadanía conozca qué destino tienen los fondos.
La Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente desde el año 2004, garantiza el derecho de las personas a tener acceso a la información pública, considerando como tal a la información que esté en poder de entes públicos o de instituciones privadas que manejen recursos públicos.
También señala que las excepciones a este principio de publicidad deben estar contempladas en la ley.
“No todas las instituciones transparentan la información conforme dispone la LOTAIP”.
No todas las entidades cumplen esta obligación y, lamentablemente, no existen los controles para exigirlo, pese a que la misma ley prevé sanciones que pueden llegar hasta la destitución de los funcionarios que desacaten la norma.
En tiempos en que el Estado se debate en una crisis económica y política, es conveniente transparentar el uso de los recursos y ponerlo en conocimiento de los ciudadanos.
Así, el Gobierno podrá demostrar en qué gasta y desde la sociedad civil se podrán hacer señalamientos y fortalecer la opinión pública. Es importante aplicar más transparencia en la función pública
Editorial de El Diario publicado el viernes 22 de marzo del 2024 en nuestra edición impresa.
