Los casos Metástasis y Purga muestran cómo el crimen organizado, la corrupción y el narcotráfico pululan en la política y la justicia.
En Ecuador, las decisiones de jueces han favorecido en algunos casos a la corrupción y el narcotráfico.
Son las lecciones que dejan los casos Metástasis y Purga, revelados por la Fiscalía General del Estado (FGE) entre diciembre de 2023 y marzo de 2024.
Son en total 51 procesados hasta el 6 de marzo del 2024.
De todos los procesados entre los casos Metástasis y Purga, 15 son jueces de las cortes provinciales.
Además cuatro funcionarios de diferentes niveles del sistema judicial, cuatro abogados, ocho policías, un exasambleísta, tres miembros de la Fiscalía, dos del Consejo de la Judicatura, y otros.
Entre los procesados se encuentran también tres extrabajadores del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
El caso Metástasis se desprendió de un megaoperativo que incluyó 75 allanamientos a escala nacional, a raíz de los chats encontrados en los celulares de Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Cotopaxi en octubre de 2022, en medio de un motín.
Alias El Patrón era financista de varios grupos de delincuencia organizada, catalogados como terroristas.
Casos Metástasis y Purga y las movidas de piezas
En las conversaciones se obtuvo evidencias que apuntan a una red criminal que compraba jueces y funcionarios para conseguir decisiones judiciales a conveniencia de delincuentes.
Bastaba que Norero de una orden a uno de sus operadores, para que las piezas en la justicia se acomoden y logre sentencias.
En el caso hay en total 39 procesados, primero se detuvo a 31 personas, el 14 de diciembre; y luego, el 4 de enero de 2024, se aprehendieron a otras ocho.
21 cumplen prisión preventiva, por ejemplo, el expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán; o la funcionaria judicial Mayra Salazar.
En los chats también resultaron salpicados otras personas que no han sido formalmente involucradas, como el exasambleísta Ronny Aleaga o el periodista Andersson Boscán.
Si bien en los chats revelados por el caso Metástasis ya se hablaba de las elecciones como puntos claves para la operación política.
Allí se hacía referencia a organizaciones políticas como el correísmo, es con el caso Purga que aparece como cabecilla de la red de delincuencia organizada un exasambleísta.
La tesis de Fiscalía es que Pablo Muentes, del Partido Social Cristiano (PSC), utilizando el poder político legislativo, “pervirtió el poder judicial”, buscando favorecerse en casos específicos.
Por ejemplo, en una acción de habeas data contra el banco del Pacífico, en la que se ordenó el pago de 4 millones de dólares.
Este caso se centra principalmente en la Corte de Justicia de Guayas, cuya expresidenta, Fabiola Gallardo, recibió favores a cambio de fallos, en calidad de jueza.
Beneficios con decisiones judiciales
También aparecen involucrados dos familiares de Muentes, un primo que consiguió un terreno de manera irregular; y su esposa que también se benefició del caso del banco.
Al menos tres poderes del Estado han resultado afectados tras los casos Metástasis y Purga.
El Ejecutivo por las implicaciones de policías, miembros del SNAI y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército.
El Legislativo ya se vio ligeramente salpicado cuando aparecía el nombre de Ronny Aleaga como miembro cercano de la estructura liderada por Norero.
Ahora, con Muentes, queda más claro cómo funcionaban. Sin duda el poder Judicial es el que más afectado ha resultado.
Los casos Metástasis y Purga han sido investigados y liderados por Diana Salazar, fiscal general de la nación y la Policía Nacional.
