A Pablo M., exasambleísta del Partido Social Cristiano (PSC), se lo acusó como autor del delito de delincuencia organizada.
Esto tras audiencia de calificación de cargos del caso Purga. Allí la la fiscal general Diana Salazar lo acusó.
La diligencia judicial inició a las 23h00 del lunes 4 de marzo del 2024, el mismo día que Pablo M. y otras once personas fueron detenidas.
Las aprehensiones se dieron tras varios operativos ejecutados en la madrugada de ese día en las provincias de Guayas y Pichincha.
La fiscal afirmó que Pablo M. fue el “líder del grupo criminal”, lo que lo benefició con acciones judiciales para ganar, de manera irregular, una millonaria demanda contra el Banco del Pacífico.
Por esta demanda, la entidad financiera pagó casi 4 millones de dólares al exlegislador.
En esa operación habría estado involucrada Mónica A., esposa de Pablo M. y también detenida en el caso.
El exlegislador se habría valido de su relación con Fabiola G., extitular de la Corte de Justicia de Guayas, y otros jueces también aprehendidos en el operativo Purga.
Así mismo Reinaldo C., juez y ahora detenido, favoreció al exparlamentario con la sentencia en 2023, en el proceso con el Banco Pacífico.
Pablo M., se benefició de sentencias
A los cuatro días de la resolución, el mencionado magistrado fue designado juez provincial de Guayas.
La fiscal Diana Salazar formuló cargos a los detenidos: Pablo M., en calidad de autor; Fabiola G., en calidad de autora; Gustavo M., autor; Reynaldo C., colaborador; Nelson P., colaborador.
También constan Alberto L.; Henry T.; Ruth S.; Mónica A.; Fausto A.; Saúl M.; y Guillermo M., todos como colaboradores.
Salazar informó que en las investigaciones se detectó que Mayra S., procesada en el caso Metástasis, trabajó como relacionista pública de Fabiola G.
Lo hacía para promocionar su imagen durante la campaña electoral en la selección de la presidencia de la Corte de Guayas, en 2022.
Por esas labores Fabiola G. habría pagado 2.500 dólares a Mayra S. y posteriormente ese pago lo habría asumido Pablo M.
A decir de Salazar, la transacción se habría planificado en la casa del exlegislador.
Mayra S. habría estado a cargo de manejar un troll center, en redes sociales, para lo cual coordinaba con el exasambleísta del PSC.
La fiscal difundió audios que atribuyó a Pablo M. en los que disponía acciones a Mayra S., que rayaban en ilegalidades y tenían relación, entre otras cosas, con la campaña de Hugo Manuel González para alcanzar la presidencia de la Corte de Guayas.
En ese intercambio de mensajes, el exlegislador era identificado con el alias “Jeremy Norton”.
