Muchos se preguntan qué pasó después del 16A, en cuanto a la ayuda que debieron recibir los damnificados del terremoto en Manabí.
Seis años después, y tras el paso de tres gobiernos, la falta de una vivienda sigue sin resolverse para un número no determinado de familias. El Gobierno no conoce cuántos son los afectados ni quiénes son los contratistas que incumplieron la construcción de las casas que les asignaron, y, es más, no existe un censo con la información exacta de quienes están en esta condición.
Un informe de la Contraloría General del Estado señala que unidades desconcentradas del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) pagaron $9’664.320 a diez constructoras como anticipo para construir casas para los damnificados, sin verificar si se cumplían algunos requisitos para el pago.
En los contratos suscritos entre contratistas y damnificados no se estipularon las cláusulas obligatorias para el control de multas y presentación de garantías bancarias o pólizas de seguros. Además, la entidad no devengó USD 4’213.431,04 entregados a los contratistas en calidad de anticipo para la construcción de 658 viviendas que, hasta la fecha de corte del examen, no fueron entregadas. Este hecho evidenció la falta de supervisión y seguimiento de avance de las obras.
Boletín de la Contraloría General del Estado, septiembre 2020.
Harán un censo de damnificados
El ministro de Vivienda, Darío Herrera, mencionó en el programa de televisión “¡Vera… a su manera!” que se tiene que realizar un censo que arroje precisiones sobre quiénes son los damnificados, dónde están, en qué condiciones se hallan sus casas.
Herrera compara el problema con “un tallarín con chicle”, al que hay que ir desenredando poco a poco y con dificultad. Aseguró que la situación es muy compleja, pues el Estado no tiene toda la información disponible porque “está traspapelada”.
Manejo irregular
Es que, a criterio del exlegislador Andrés Páez, existió un manejo irregular, tanto de los recursos que el Estado obtuvo a través de las recaudaciones dispuestas en la Ley de Solidaridad, como de los que se consiguieron por medio de las donaciones. El político dice que hubo una respuesta lenta y que gran parte de los fondos se perdió en actos de corrupción de los que responsabiliza a los gobiernos de turno.
La ley no fue pareja
Renán Arteaga, presidente del Comité de Fuerzas Vivas de Pedernales, afirma que, en su cantón, donde estuvo el epicentro del terremoto, no se ha visto mucha ayuda gubernamental. “La ley no fue pareja”, refiere, al señalar que no todos los damnificados recibieron viviendas y que muchos de los que sí las obtuvieron eran personas que no necesitaban este tipo de asistencia. Además, expresa que la economía local se reactivó por el empuje de los empresarios locales y no con el apoyo gubernamental.
Problema complejo
En todo Ecuador, el déficit de vivienda es un verdadero problema para los gobiernos, y más en Manabí, donde se estima que hacen falta 270.000 soluciones habitacionales, destaca Leandro Briones, presidente de la Federación Ecuatoriana de Cámaras de la Construcción.
Briones resalta que, conforme avanza el tiempo, será más complejo hacer un censo y saber cuáles son las viviendas que resultaron afectadas por el terremoto.
Sentencia a favor de damnificados
A José Centeno Martínez fue, justamente, la falta de respuesta de las autoridades lo que lo motivó a empujar un pedido de acción de protección en contra del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi) por la vulneración del derecho a la vivienda, tanto de personas que no fueron incluidas en el sistema informático desarrollado por esa entidad, como de quienes, pese a estar registrados, no han recibido ninguna solución a la falta de casas. Reclamaban por 500 damnificados del terremoto.
El caso 515-20-JP se procesó y, finalmente, hubo una sentencia favorable que manda al Miduvi realizar un censo de las 500 familias para determinar si acceden o no al incentivo de vivienda.
Vea aquí la sentencia de la Corte Constitucional.
Pero Centeno asegura que no le fue fácil. Encontró trabas en el Miduvi y en la Defensoría del Pueblo, señala. Todo demandó sacrificio y paciencia, pero, al final, consiguió el pronunciamiento favorable de la corte.
En deuda
El alcalde de Jama, Rober Castro, quien preside la Asociación de Municipalidades de Ecuador (AME), regional 4, manifiesta que el Gobierno todavía está en deuda con los damnificados del terremoto. En su cantón debían reconstruir 1.300 viviendas y se atendió el 50 por ciento, pero no se aplicaron criterios técnicos. Además, el sistema cantonal de agua potable tiene retrasos en los pagos al contratista y la reparación de las calles se debió financiar con un crédito que asumió el Municipio, indica.
