La Asamblea Nacional aprobó el cuarto proyecto de ley urgente en materia económica que propuso el Presidente Daniel Noboa.
El Pleno de la Asamblea aprobó este jueves, 8 de febrero, en segundo debate el proyecto enviado por Noboa, denominado Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción.
Uno de los temas que se destacan en esta reforma es la extinción de dominio. Dentro del proyecto se incluye tres excepciones para la implementación de la medida sin sentencia condenatoria ejecutoriada.
- Cuando los bienes objeto de extinción de dominio sean de propiedad de uno o varios miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes, identificados mediante resolución motivada del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, o que se encuentren descritos en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o en cualquier otro instrumento internacional ratificado por el Ecuador.
- Cuando se trate de bienes o activos injustificados sobre los cuales exista relación de causalidad con el crimen organizado nacional o transnacional, organizaciones terroristas y actores no estatales beligerantes.
- Cuando se trate de delitos flagrantes respecto de los bienes o activos cuya titularidad se encuentren en propiedad de uno o varios de los miembros de grupos de delincuencia organizada nacional o transnacional, organizaciones terroristas o actores no estatales beligerantes.
La Asamblea Nacional dispone la creación de una Unidad Antilavado de Activos y Anticorrupción
Dentro del proyecto, recientemente aprobado, se dispone la creación, dentro del Servicio Nacional de Contratación Pública, una Unidad de Antilavado de Activos y Anticorrupción.
Esta nueva entidad tendrá la tares de reportar a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) las operaciones y transacciones inusuales e injustificadas de las cuales tuviese conocimiento.
El objetivo de este proyecto de ley es financiar la lucha contra la corrupción, el narcotráfico, el crimen organizado, el terrorismo y otros delitos, mediante eel ahorro de recursos, prevención de delitos y transparencia en la contratación pública.
