El bloque de seguridad compuesto por cerca de 4 mil agentes, entre policías y militares, trabajará de manera indefinida en Manabí.
El objetivo es combatir la violencia criminal que ha afectado a la provincia, debido a la presencia de grupos de delincuencia organizada (GDO).
Las Fuerzas Armadas del Ecuador ejecutan un plan de seguridad en la provincia, pero con mayor énfasis en Manta.
El epicentro de las operaciones será precisamente esta ciudad, donde se ha levantado un Centro de Operaciones del Mando Militar y Policial.
Los cantones más afectados por la violencia, y por tanto prioritarios para la intervención son: Manta, Montecristi y Jaramijó.
Estos tres cantones conformaron el Distrito Manta, donde se han registrado 155 muertes violentas en lo que va del año, hasta este miércoles 5 de junio del 2024.
4 mil agentes en toda la provincia
En estos tres cantones se han registrado el 40% de los 372 homicidios en toda la provincia de este año.
Desde Manta saldrán operaciones que se ejecutarán también en los cantones Pedernales, Jama, San Vicente, Sucre y Puerto López.
Estos cantones, por tener salida directa al Pacífico, son zonas estratégicas que se usan por narcotraficantes para transportar drogas hacia Centro y Norteamérica, según las autoridades.
En cantones como El Carmen, Flavio Alfaro, Chone, Tosagua, Rocafuerte y Portoviejo, también se realizarán operativos.
Estos cantones atraviesan la principal carretera que une a Manabí con provincias como Santo Domingo-Pichincha y Esmeraldas.
Para enfrentar a los grupos delictivos, las Fuerzas Armadas emplearán una variedad de equipos tácticos, incluyendo vehículos Urutú, Cobra y tanques de guerra.
Para operarlos se ha dispuesto de 4 mil agentes entre policías y militares que serán distribuidos de manera estratégica por la provincia, pero de manera especial en Manta.
Agentes militares expertos en Ciberdefensa e Inteligencia operarán desde Manta en estrecha coordinación con las Unidades de la Policía Nacional.
Un plan similar se implementó en Esmeraldas, donde se necesitó dos años para reducir significativamente la tasa de homicidios.
