La intención de un grupo de asambleístas de pasar y aprobar entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal, artículos hechos a la medida para lograr que penas de dirigentes políticos no estén en firme, merece el rechazo de la colectividad.
Si bien la agrupación política a la que pertenecen esos legisladores considera que los procesos en los que se juzgó a sus líderes y a varios empresarios privados por corrupción fueron al margen de la ley y no han cumplido el debido proceso, tienen o tuvieron instancias internacionales para probar sus argumentos.
Decimos tuvieron, porque hay juristas que aseguran que ya vencieron los plazos para recurrir a esas instancias y no las usaron.
Y tienen, porque sus abogados manifiestan que están vigentes y que en su momento aplicarán esos recursos.
La Fiscalía señala que se pretende “irrespetar la institución de cosa juzgada” con redacciones de cuerpos legales que buscan aprobar e impulsar la impunidad de temas probados.
“Las leyes deben pensar en el colectivo, no en un beneficio personal”.
Los cuerpos legales deben ser universales, estar al servicio de la gente, regular las conductas humanas y lograr una convivencia armoniosa en sociedad, nunca debe pretender un beneficio individual o un interés particular.
Lo que se quiso hacer en la asamblea es terrible. No es un escándalo más.
Los legisladores que impulsaron esta iniciativa intentaron usar y abusar de sus facultades anteponiendo un conflicto personal sobre el interés del Estado, es decir, de todos los ecuatorianos.
Editorial de El Diario publicado el martes 20 de febrero del 2024 en nuestra edición impresa.
