Ante una alerta de posibles ataques, el edificio matriz de la Fiscalía General del Estado (FGE), en Quito, se encuentra blindado.
Dichas instalaciones las rodearon de vallas metálicas, vehículos y personal de la fuerza pública armado.
Desde la semana anterior y en medio de las festividades de Navidad, el inmueble de la Fiscalía, ubicado en la avenida Patria, al centro norte de Quito, luce protegida.
Mallas metálicas restringen el acceso, vehículos antimotines tácticos y motorizados y miembros de la Policía Nacional.
La institución no se ha pronunciado sobre estas medidas de seguridad, pero extraoficialmente se conoció que el nivel de riesgo de la seguridad de la fiscal Diana Salazar había incrementado a un 100 %.
Existirían alertas de posibles ataques criminales en su contra, la de funcionarios y de sus familiares.
Esto ocurre tras las investigaciones judiciales que lidera la fiscal general, Diana Salazar, en el caso Metástasis.
En este caso existiría relación entre el narcotráfico y la Independencia judicial.
Por estos dos procedimientos, dos autoridades del Consejo de la Judicatura (CJ) están detenidas para investigaciones en la Cárcel 4 de Quito.
Los detenidos por el caso
Se trata de Wilman Terán, que renunció a la presidencia del organismo. Él es procesado por el caso Metástasis e Independencia Judicial.
También se detuvo a Xavier Muñoz por el proceso de Independencia judicial.
El caso Metástasis se fundamenta en el descubrimiento de una estructura criminal liderada por Leandro Norero, asesinado en la cárcel de Latacunga en octubre del 2022.
Presuntamente pagaba sumas de dinero a jueces, fiscales, abogados en libre ejercicio, policías, entre otros, para obtener protección y fallos judiciales a favor de sus familiares y cercanos.
El caso bautizado como ‘Independencia judicial’ por la Fiscalía tiene origen en mayo pasado, informó El Universo.
Se dio tras sesión del pleno del CJ, con apenas dos de cinco vocales, Wilman Terán y Xavier Muñoz, se resolvió suspender al juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Walter Marcías, que fue también destituido con el mismo mecanismo.
El magistrado, que fue restituido en su cargo por efectos de una acción de protección, sustancia el proceso penal por presunto tráfico de influencias en el que fueron llamados a juicio Maribel Barreno y Juan José Morillo, exvocales de la Judicatura, que fueron inhabilitados para ejercer cargo público por su posible implicación en estos hechos.
