Los chats que se encuentran dentro del expediente del caso Metástasis son públicos y todo el mundo los puede leer.
El expediente se hizo público para que la ciudadanía conozca de forma directa la información que existe y saque sus conclusiones.
Diana Salazar, fiscal general de la Nación anunció este lunes, 18 de diciembre, que se creó un sitio en la página web oficial de la Fiscalía General del Estado (FGE).
Allí se encuentra, entre otras cosas, lo presentado en la audiencia de formulación de cargos que concluyó el viernes último.
El anuncio ya se concretó y de momento existen nueve apartados bajo el nombre de “Los chats”, con conversaciones que son el resultado de pericias a celulares.
En el caso Metástasis se abrió una instrucción fiscal por 90 días para investigar el delito de delincuencia organizada.
Los principales implicados son, el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán; el general de Policía en servicio pasivo Pablo Ramírez.
En su momento él fue director del Servicio de Atención a Personas Privadas de la Libertad (SNAI).
Vinculados a este reconocido caso
También hay otros 29 procesados, entre jueces provinciales, jueces de primer nivel, fiscales, peritos, policías en servicio activo, guías penitenciarios y abogados.
En total son 31 personas que serían parte de una delincuencia organizada que operó para conseguir fallos judiciales y beneficios penitenciarios para Leandro Norero.
Este ecuatoriano que fue asesinado dentro de la cárcel de Cotopaxi era procesado por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado, dos de sus hermanos y su esposa.
El asesinato de Norero generaron la obtención de evidencias, entre las cuales se encontraban dispositivos celulares.
Con estos equipos, Norero habría montado un aparataje comunicacional a fin de configurar su estrategia delictiva para enfrentar a la justicia y buscar la impunidad.
Felipe Córdova, juez de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), dispuso prisión preventiva para Wilman Terán y otras quince personas.
Se dispuso medidas alternativas de presentación periódica y prohibición de salida del país para el general Pablo R. y otros trece sospechosos.
Finalmente, solo para el juez Ronald G., por ser de la tercera edad, el magistrado Córdova le definió arresto domiciliario.
