Es indiscutible que el agua es un derecho de todos y que las personas deben tener acceso a ella con el acueducto, siempre y cuando se haga de manera ordenada y que ese acceso no atente contra el derecho de otras personas a utilizarla.
Un juez ha fallado en el sentido de que no se puede desconectar a los agricultores que han instalado tuberías para aprovechar el agua que transporta el acueducto de la Refinería del Pacífico, cuyo bombeo le cuesta al Estado.
Está bien que se reconozca el derecho al acceso al agua, pero debe hacerse de manera ordenada y pagando la tarifa que corresponda.
La Empresa Pública del Agua, la Refinería del Pacífico o la Prefectura de Manabí -la entidad a la que le corresponda- deben intervenir para que quede claro cómo se debe dar el acceso y cuánto tienen que pagar por utilizar el agua.
“El acceso al agua debe hacerse en forma ordenada y pagando la tarifa que corresponda”.
Y mucho más cuando de ese caudal se abastecen también empresas públicas que procesan el líquido para el consumo humano y cuyos representantes aseguran que existe una merma considerable en el volumen que reciben.
Si no se pone orden, el acueducto podría colapsar algún día. Entonces, es posible que no haya dinero para pagar las bombas ni para cancelar las planillas de energía eléctrica.
Un típico desorden administrativo podría empeorar las cosas. Esta obra, que le costó tanto al Estado, debe seguir funcionando, pero en orden.
Editorial de El Diario publicado este domingo 10 de diciembre del 2023 en nuestra edición impresa.
