El juez nacional Walter Macías dictó prisión preventiva para la vocal de Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno.
La funcionaria junto a Juan José Morillo y el juez de Pichincha, Vladimir Jhayya, llamados a juicio por presunto tráfico de influencias.
Fiscalía informó que el juez acogió el pedido de la fiscal Diana Salazar por la conducta de Barreno «pretende evadir la acción de la justicia durante el proceso”.
La disposición es que se localice y capture a la vocal involucrada.
En la audiencia se dictó medidas de protección para los fiscales subrogantes y al delegado del caso. Y también se ordenó al Ministerio del Trabajo que registre la inhabilidad de los funcionarios para ejercer sus cargos, quedando fuera de la función judicial.
En la audiencia del miércoles 27 de septiembre de 2023, las defensas de Barreno y Morillo solicitaron la nulidad de todo lo actuado.
Los abogados de los vocales sostienen que hubo falencias en el proceso investigativo.
Lo expuesto por las defensas ha sido rechazado por el juez Macías, quien declaró “la validez procesal de todo lo actuado hasta este momento”.
El presunto delito de Maribel Barreno
Morillo, Barreno y Jhayya son acusados del presunto delito tráfico de influencias, también serían los causantes de presionar a jueces de la Corte de Pichincha.
Ellos habrían influído en el tratamiento de una acción de protección interpuesta por la exasambleísta Guadalupe Llori.
La intervención de los sospechosos habría sido cuando Llori tenía la intención de recuperar la presidencia de la Asamblea Nacional.
En la formulación de cargos del pasado 7 de junio, la Fiscalía presentó 41 elementos de convicción, entre los que constaban el testimonio anticipado de la Jueza de Pichincha que grabó la reunión entre los implicados.
En aquella ocasión, se habría hablado de una acción de protección interpuesta por Llori para mantenerse en el cargo.
Las investigaciones de este caso se iniciaron en junio de 2022, después de las denuncias interpuestas por un exasambleísta y un abogado.