El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) tiene nuevamente en la mira a la fiscal general, Diana Salazar.
La funcionaria es ahora acusada de haber incurrido en el delito de tráfico de influencias.
Alembert Vera, presidente del CPCCS, anunció que el pleno del organismo aprobó un informe elaborado por la Secretaría Técnica de Transparencia.
En este informe se solicita al fiscal general subrogante que inicie investigaciones contra Salazar.
La acusación se basa en una denuncia de presunto plagio en la tesis de la fiscal Salazar, publicó Ecuavisa.
Este señalamiento ya había sido descartado por la Universidad Central.
Augusto Verduga, consejero del CPCCS y afín al correísmo al igual que Vera, apunta también hacia Diego Rodríguez , otro servidor de la Fiscalía.
A él lo acusan de haber recibido ascensos por permitir a Salazar copiar un artículo suyo antes de su publicación y utilizarlo en su tesis de grado.
La resolución del CPCCS la enviaron a diversas instituciones.
Entre ellas el Consejo de la Judicatura, la Corte Constitucional, la Contraloría, la Secretaría de Educación Superior.
La funcionaria se pronunció
También el Consejo de Educación Superior, la Secretaría de Derechos Intelectuales y la Universidad Central.
La fiscal Diana Salazar ha rechazado enérgicamente la acusación, a la que califica como otro intento de tomarse el control de la Fiscalía General del Estado.
Según Salazar, la denuncia se basa en un desvarío que la desestimó la Universidad Central.
Salazar señaló que hay servidores públicos que parecen inventarse narrativas y cuentos para obtener notoriedad política.
Ella tiene claro que “no van a parar con sus intentos de buscar impunidad”.
Sostuvo que lo harán por medio de un CPCCS que es liderado “por el abogado defensor de un sentenciado por un delito contra la Administración Pública y ahora prófugo”.
Esto lo dijo en alusión a Vera y el expresidente Rafael Correa.
La fiscal enfatiza que no permitirá que estos intentos de desestabilizar la institucionalidad tengan éxito.
