El presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Wilman Terán, presentó una acción de protección contra Guillermo Lasso, como presidente de la República.
Eso con el fin de exigir el presupuesto suficiente para que la Función Judicial pueda cumplir con la misión de garantizar el acceso efectivo de los ciudadanos al servicio de justicia.
Según la Judicatura, la Función Judicial tiene un déficit presupuestario de más de 265 millones de dólares. De este total, 92,9 millones corresponderían a proyectos de inversión relacionados con la transformación tecnológica de la justicia. Así como la repotenciación de la infraestructura física y modernización del sistema notarial.
Para el presidente de la Judicatura, esas cifras revelan un aparente “ataque sistemático a la Función Judicial”. Y con ello una violación a los derechos ciudadanos.
Afirmó que el exiguo presupuesto ha afectado al acceso a la Justicia de los ciudadanos, el derecho a la defensa, a la seguridad jurídica. Así como el trabajo digno de abogados y el derecho de los niños a recibir de forma oportuna sus pensiones alimenticias, entre otros.
“Esto es una falta de voluntad del Poder Ejecutivo”, señaló Terán. Además, aseguró que presentó la demanda contra el Gobierno “como ciudadano y como un hombre de derecho que cree en la ley y tiene fe en la Justicia”.
El Ministerio de Economía y Finanzas asegura, en cambio, que el Consejo de la Judicatura solo ha ejecutado el 2 % de su inversión hasta el 31 de marzo pasado. Dijo que “el Consejo de la Judicatura debe ocuparse de ejecutar con eficiencia y sentido de urgencia los recursos asignados”.
