La Conaie y colectivos sociales exigieron este viernes la “inmediata salida” del presidente Guillermo Lasso.
Al concluir esta asamblea de organizaciones indígenas y sociales celebrada en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en Quito, el presidente de la Conaie ratificó su apoyo al juicio político contra Lasso.
El proceso de juicio político fue activado el jueves por un grupo de asambleístas opositores, principalmente del correísmo y del Partido Social Cristiano (PSC).
Pero también se sumaron a la iniciativa algunos parlamentarios de Izquierda Democrática (ID) y del movimiento indigenista Pachakutik, brazo político de la Conaie.
La acusación responsabiliza al mandatario de los presuntos delitos de concusión y peculado en una supuesta trama de corrupción en empresas públicas donde aparece su cuñado, el empresario Danilo Carrera, y de supuestamente proteger de una investigación antidrogas a otro implicado en ese entramado.
El Gobierno calificó la solicitud de juicio político como un atentado contra la democracia y un nuevo intento de desestabilización por parte de la oposición.
El documento de la acusación deberá ser revisado previamente por la Corte Constitucional.
En caso de determinar que está bien fundamentado, dejar a la Asamblea, de mayoría opositora, que siga con el proceso adelante.
Conaie espera luz verde de la Corte Constitucional
En ese sentido, la Conaie y las otras organizaciones sociales exigieron a la Corte Constitucional que dé luz verde al juicio político y a la Asamblea que proceda con la destitución del jefe de Estado.
Para ello, Iza anunció plantones tanto delante de la sede del máximo tribunal de garantías de Ecuador como frente a edificio del Legislativo.
La declaración de las organizaciones participantes en esta asamblea ratificaron las diez demandas que motivaron las protestas de junio de 2022.
En esa fecha casi la totalidad del país quedó paralizado por 18 días y murieron 7 personas, entre ellos 6 manifestantes, según organizaciones de derechos humanos, y un militar.
Pese a haber llevado después un proceso de diálogos con el Gobierno que cristalizó con 218 acuerdos, el movimiento indígena considera que no se cumplieron varios de ellos.
Tras la asamblea de este viernes, incorporaron nuevas exigencias.
Entre ellas, la defensa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) frente a cualquier iniciativa de privatización.
Así como de la defensa de la salud pública y del acceso gratuito a medicinas.
También respaldaron la defensa de los territorios de los pueblos y nacionalidades indígenas frente al “avance de la industria extractiva”.
Y se opusieron a la privatización de sectores estratégicos.
Por otro lado, manifestaron su apoyo a la propuesta para celebrar una consulta nacional sobre la explotación petrolera en el Yasuní.
Se trata de una de las zonas de mayor biodiversidad del mundo, en la Amazonía ecuatoriana, cuyos promotores llevan diez años esperando los permisos para llevarla adelante.
Iza también clamó “contra el fenómeno migratorio que atraviesa el país, dejando a comunidades enteras en el abandono, producto de la crisis económica y social”.
Igualmente exigió un juicio político a autoridades de educación por los niños que no pueden acceder a la educación pública.
En esta asamblea participaron, según Iza, delegaciones de 81 organizaciones sociales, entre federaciones indígenas, estudiantiles y otros colectivos civiles. EFE
