El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, vetó de forma parcial la ley aprobada en la Asamblea Nacional (Parlamento) que regula el aborto por violación, y encendió las alertas en los grupos feministas que estudian respuestas legales y posibles movilizaciones en las calles.
Lasso, en una carta publicada en redes sociales, anunció su decisión de incluir 61 “textos alternativos” a la normativa discutida en el Legislativo, al considerar que esta, supuestamente, no concuerda con la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó el aborto en casos de violación en 2021.
El gobernante, de tendencia conservadora, ratificó su intención de respetar las funciones del Estado y someterse a los postulados expresados por la Corte Constitucional.
En su texto, Lasso recordó que la Corte Constitucional obligó al Parlamento a “formular un proyecto de ley que regule los plazos para el aborto por violación”, y consideró que “hay disposiciones claras en la sentencia que no han sido acatadas” por los legisladores o que “no son coherentes” con el marco legal vigente.
DOCE SEMANAS PARA TODAS
El mandatario sugirió que se unifique el plazo de doce semanas en casos de aborto por violación y no aceptó la excepción de 18 semanas que se fijaba para niñas, adolescentes, indígenas y mujeres del área rural.
Asimismo, Lasso dijo que ha propuesto “requisitos” para el acceso al aborto por violación, entre ellos presentar una denuncia, una declaración jurada o un examen médico que acredite la agresión sexual.
También sugirió respetar las posibles objeciones de conciencia que pueda presentar el personal médico para atender este tipo de casos.
“Creo firmemente que nuestras leyes no deben ser factor de división, sino de encuentro. Las leyes son para beneficio de todos los ecuatorianos en su vastísima diversidad y pluralidad”, mencionó Lasso, que también aclaró que él es el presidente de un “Estado laico”.
“Como hombre católico seguiré viviendo de acuerdo a mis creencias, pero como presidente de la República del Ecuador haré todo lo que esté en mi poder para hace respetar los principios de un sistema plenamente republicano y democrático”, subrayó Lasso.
EN MANOS DE LA ASAMBLEA
Tras remitir sus observaciones a la Asamblea Nacional, esta tendrá un mes de plazo para ratificar su resolución original, para lo que necesitará una mayoría de dos tercios (92 votos), o para aceptar las propuestas del Ejecutivo, lo que puede aprobar con mayoría simple (la mitad más uno de los votos).
Adopte o no la propuesta del presidente Lasso, el Legislativo no podrá exceder en su trámite el plazo estipulado, pues de lo contrario el texto presidencial se aprobará por fuerza de ley.
En medio del debate oficial, las organizaciones femenistas también estudian los alcances del anuncio presidencial y sus implicaciones.
COLECTIVOS FEMINISTAS EN ALERTA
Verónica Verá, integrante del colectivo feminista Surkuna, aseguró a Efe que los colectivos feministas han emprendido un análisis profundo del pronunciamiento del presidente Lasso, pero dijo que le llamó la atención de que haya anunciado 61 textos alternativos a un texto de 63 artículos.
Ello supone que “ha incidido en la mayoría” de la propuesta legislativa y, sobre todo, en temas importantes como los plazos, la objeción de conciencia y los “requisitos” para el acceso a ese derecho, opinó Verá.
Según ella, los cambios que se han ido dando a la orden de la Corte Constitucional, que garantiza el acceso de mujeres al aborto por violación, “obstaculizarán más” ese derecho.
Las propuestas del Ejecutivo podrían crear “barreras infranqueables para las supervivientes de violaciones” y no se someten a la decisión de la Corte Constitucional que exigía que la normativa se apegue a “los más altos estándares internacionales de derechos humanos”, agregó la activista.
Recordó que los grupos feministas se pronunciarán en los próximos días sobre la decisión del presidente Lasso, aunque dijo que hay una percepción en su colectivo de que “este veto no puede significar nada bueno para las sobrevivientes de violaciones”.
Las estrategias del feminismo no sólo podría incluir la movilización, como ya se ha demostrado en varias oportunidades, sino también acciones jurídicas que también se estudian, añadió Verá. EFE
