Las autoridades nacionales deben terminar con el incómodo silencio de los funcionarios que las representan en niveles zonales o distritales.
Se ha normalizado la práctica de funcionarios públicos que tienen cierto nivel de decisión de negar información.
Esto ocurre no solo con los periodistas sino también con la ciudadanía.
Lo hacen con el argumento de que tienen prohibido hacerlo o que primero deben consultar a los altos niveles si pueden proporcionar algún dato.
Estas posturas atentan contra el derecho de la ciudadanía a acceder libremente a la información generada en entidades públicas.
También sucede con las privadas que manejan fondos del Estado o realizan funciones públicas.
“Posturas atentan contra el derecho a acceder libremente a la información pública”.
La disposición de ciertas autoridades nacionales de centralizar en sus oficinas la información que se entregará a la ciudadanía restringe el derecho de los ciudadanos a buscar y recibir información en forma oportuna y sin censura.
Cuando se trata de información local, nadie más idóneo que los funcionarios zonales o distritales para proporcionarle, pues conocen el entorno, sus necesidades y sus realidades.
Es menester que se desbloqueen esas trabas que impiden a los funcionarios locales entregar información a los ciudadanos sobre problemas del medio. Hay que trabajar por descentralizar las vocerías.
Editorial de El Diario publicado el martes 28 de marzo del 2023 en nuestra edición impresa.
