La amenaza de organizaciones indígenas, de paralizar y reinstalar el caos en el país, merece el rechazo de la ciudadanía y de las autoridades.
Ellos han informado de paralizarse si no se atienden sus pedidos tal cual los formulan.
A través de medios nacionales han hecho una advertencia si la Corte Constitucional no aprueba el enjuiciamiento político del presidente de la República.
No es así cómo debe procederse.
Se tiene que dejar que la corte, en consideración de lo trascendente de este caso, decida con base en la deliberación de los magistrados.
Lo deben hacer con independencia absoluta y apego total a la Constitución y las leyes.
Hacerlo bajo presión o, peor, con amenazas podría marcar un peligroso sesgo que afectaría a la democracia y un lamentable precedente jurídico.
El país no puede volver al caos de paralizarse por la voluntad de grupos politizados que dicen defender los derechos de los ciudadanos.
“Actuar bajo amenazas podría afectar a la democracia y marcar un lamentable precedente”.
Aquellos grupos, con sus acciones, terminan afectando a todos, pues el bloqueo de vías, el saqueo, la suspensión del trabajo y la escasez de productos golpean a todos.
Por tanto, las amenazas en este sentido deben ser rechazadas, independientemente de la posición que se tenga en torno a la situación política actual.
La actuación de los jueces debe hacerse con bases jurídicas, no con amenazas de caotizar al país.
Editorial de El Diario publicado el miércoles 29 de marzo del 2023 en nuestra edición impresa.
