Las amenazas de muerte y el pedido de dinero de los llamados vacunadores o extorsionadores, continúan. Los Poderes del Estado son ineficientes.
El Estado no responde con eficiencia frente a este mal.
Ni el Ejecutivo con acciones contundentes y eficaces por medio de la Policía Nacional, ni el Legislativo creando un marco legal adecuado, han estado a la altura de lo que los ciudadanos exigen.
Han preferido la politiquería y la defensa de grupos de poder, antes que la atención eficiente a un inconveniente tan grave.
La Fiscalía y el Poder Judicial no se quedan atrás. A la luz de los resultados, también están en deuda con los ciudadanos.
Las consecuencias de esta inoperancia de los Poderes del Estado se reflejan con problemas en la salud de las personas.
Daños psicológicos en los afectados y sus familiares, pérdidas financieras y, en algunos casos, daños físicos o pérdidas humanas.
Adicionalmente, esto golpea a la economía.
Muchas personas no emprenden, otros cierran sus negocios y así, la posibilidad de crear puestos de trabajo también se ve afectada.
“El Gobierno, la Asamblea, la fiscalía y la justicia deben actuar ya”.
Y el panorama parece complicarse porque se están volviendo más comunes los secuestros extorsivos.
Ya no sólo con quienes tienen grandes sumas de dinero, ahora también se golpea a ciudadanos de menor ingreso financiero.
El Estado debe responder ya. El Gobierno resulta inoperante frente a esta realidad a un punto que desespera.
La Asamblea, la Fiscalía y la Justicia son corresponsables.
Editorial de El Diario publicado este viernes 17 de marzo del 2023 en nuestra edición impresa.
