Los abusos sexuales y violación a menores de edad deben investigarse de la forma más prolija y profunda y los castigos deben ser ejemplares, sobre todo cuando se dan en entornos como el educativo y el familiar.
La violación a menores es frecuente, como revelan cifras publicadas por instituciones como la Organización Panamericana de la Salud.
Un 21 % niños, niñas y adolescentes ha sufrido violencia sexual.
Otros datos señalan que la mayor parte de los abusos se da en el seno familiar.
Y esos son los casos que se conocen, pues muchos quedan en impunidad por falta de denuncias o por la complicidad de familiares y autoridades.
Estos hechos marcan para siempre la vida de las víctimas y pueden ocasionar secuelas graves.
Por ello, es menester que la justicia se aplique sin miramientos frente a este tipo de conductas.
Aplicar sin tomar en cuenta la posición económica, el poder político o el nivel de influencia del sospechoso dentro de la sociedad.
Leyes como el Código Orgánico Integral Penal y el Código de la Niñez y la Adolescencia contienen los lineamientos para una correcta y severa administración de justicia, con toda la rigurosidad que se demanda.
Las autoridades deben velar para que los aplique en caso de violación a menores.
Editorial de El Diario publicado este martes 26 de diciembre del 2023 en nuestra edición impresa.
