El país llega a las urnas nuevamente con un proceso electoral regido por una ley, el Código de la Democracia, que restringe la libre expresión de candidatos y electores.
La norma le da al Consejo Nacional Electoral la potestad de censurar piezas publicitarias de los candidatos, a criterio de funcionarios que evalúan el contenido de los mensajes y consideran si afecta o no a otros sujetos políticos.
Además, permite el financiamiento de la campaña con fondos públicos, pero bajo los lineamientos que establece el CNE.
Esto obstaculiza la necesidad de los candidatos de emitir los mensajes a su manera, y la de los ciudadanos de conocer a plenitud las propuestas de los aspirantes a cargos de elección popular.
La libertad de expresión abarca tanto el derecho a emitir información como el de recibirla, pero las normas actuales, incluidos los reglamentos electorales, no lo permiten.
Es un acierto no regular las redes sociales, pero es un desacierto mantener una ley que restringe el derecho de los ciudadanos a conocer las propuestas en la forma más simplificada posible y sin tanto trámite.
Es de esperar que los futuros legisladores revisen el Código de la Democracia para que se dé más sentido a su nombre, concediendo más libertades a los ciudadanos, sean candidatos o no.
Editorial de El Diario publicado el domingo 20 de agosto del 2023 en nuestra edición impresa.
