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La ministra de Exteriores de Ecuador, Gabriela Sommerfeld, instó a las autoridades mexicanas a entablar negociaciones para facilitar la detención del exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Él se encuentra alojado en la Embajada mexicana en Quito mientras la Fiscalía pide su detención.

“Es mejor que, en este momento en el que ha habido mucha interpretación con visiones particulares y no con una perspectiva general, que se ha causado mucho ruido alrededor de un tema sensible, no se especule más y se trabaje en los canales que hay que trabajar, que es en mesas de diálogo bilaterales”, dijo.

Así las cosas, Sommerfeld recalcó que aunque “cada país tiene su posición (…) esto no quiere decir que cuando hay diferencia se rompe la diplomacia”.

“Cuando hay diferencias es justamente donde está la mesa de diálogo y mantenemos una comunicación permanente”, añadió la ministra.

Interrogada sobre el paradero del exvicepresidente Glas, la encargada de la diplomacia ecuatoriana aseveró que el que fuera ‘número dos’ de Rafael Correa y Lenín Moreno “por supuesto que sí” sigue alojado en la Embajada mexicana a pesar de la petición de Quito para ingresar al edificio y arrestarle.

Por su parte, la embajadora mexicana en Ecuador, Raquel Serur, abordó también este asunto y aseveró que las relaciones bilaterales entre Ciudad de México y Quito son fuertes, y que las autoridades de uno y otro país mantienen a día de hoy diálogos y negociaciones.

Jorge Glas ingresó a la Embajada

Las autoridades de Ecuador solicitaron a comienzos de mes a la Embajada mexicana en Quito permiso para que las fuerzas de seguridad pudieran ingresar al edificio para poder cumplir con la orden de detención dictada contra el exvicepresidente Glas, acusado de una trama de corrupción.

Glas permanece desde mediados de diciembre en la sede diplomática mexicana, a donde ingresó argumentando temor por su seguridad y libertad personal.

La Embajada lo acogió como huésped y sus abogados ya informaron de que han entregado una solicitud formal para el pedido de asilo político.

Esta maniobra del exvicepresidente se produce después de que la Policía Nacional ordenara su detención para prestar declaración ante la Fiscalía por el caso de posible malversación de caudales públicas en la reconstrucción de la provincia de Manabí tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.