La comunidad internacional debe observar de cerca los abusos de poder del gobierno de Daniel Ortega, en Nicaragua.
Ese gobierno, entre otras medidas, recientemente expulsó a 222 presos políticos de su país y les quitó la ciudadanía, declarándolos apátridas.
La intolerancia del régimen del presidente Ortega ha llegado a los límites de vulnerar derechos fundamentales y abusos.
Además encarcelar a todo el que no esté de acuerdo con su ideología o con su forma de gobernar, bajo cargos como conspiración o poner en peligro la estabilidad del país.
El totalitarismo del Gobierno nicaragüense ha llevado a que se encarcele a religiosos, periodistas y líderes políticos.
Además dirigentes comunitarios, representantes de fundaciones y otros entes bajo esas erradas decisiones.
“La comunidad internacional no debe dirigir la mirada a otra parte”.
Es cierto que todo Estado tiene que regirse con libre determinación e independencia, con el precepto de no injerencia de otros países en los asuntos internos.
Sin embargo, la comunidad internacional no puede dirigir la mirada hacia otro lado cuando tiene enfrente una realidad que golpea severamente la vida de cientos de personas.
Personas expulsadas de su propio país y despojadas de su condición ciudadana por el hecho de pensar diferente al Gobierno.
Soslayar los derechos de los ciudadanos no es la tónica de un gobierno que presume de democrático y que busca el bienestar de la población.
Editorial de El Diario publicado este lunes 13 febrero del 2023 en nuestra edición impresa.
