Cuatro indígenas awá fueron asesinados en una zona rural del departamento colombiano de Nariño, fronterizo con Ecuador, crimen que sumado a la masacre de otras cinco personas en el Valle del Cauca (suroeste) deja nueve muertos este domingo en el país.
La segunda matanza ocurrió en el caserío de Altaquer, municipio de Barbacoas, en donde cuatro indígenas estaban en un billar cuando fueron atacados por hombres armados que llegaron al lugar y dispararon.
El exsenador indígena Feliciano Valencia dijo en Twitter que hubo una “nueva masacre contra el pueblo indígena awá. Fueron asesinados 4 indígenas y 2 más fueron heridos en el corregimiento (caserío) de Altaquer en Barbacoas, Nariño”.
Horas antes, cinco personas fueron asesinadas y cuatro más resultaron heridas luego de que hombres armados tirotearon a un grupo de lugareños que departían en un barrio de La Unión (Valle del Cauca (suroeste), informó la secretaria de Gobierno del municipio, Jhoana Ayala.
INDÍGENAS, BLANCO DE LA VIOLENCIA
Uno de los casos más recientes de violencia contra los awá ocurrió el pasado 3 de julio, cuando tres jóvenes de ese pueblo fueron asesinados a tiros por disidencias de las FARC en el Resguardo indígena Inda Sabaleta (Nariño), cuando estaban en una reunión.
La Asociación Minga denunció en ese momento que los grupos armados seguían asesinando indígenas pese a que este pueblo es reconocido por la Corte Constitucional en riesgo inminente de extinción y tiene medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) aseguró la semana pasada que hasta mediados de junio de este año habían sido asesinados al menos 85 indígenas en el país, y más de 30 de ellos pertenecían al pueblo awá.
Otros casos con repercusión este año fueron los de José Albeiro Camayo, excoordinador de la guardia indígena asesinado el 24 de enero por disidentes de las FARC, y el de Breiner Cucuñame, de 14 años de edad, solo unos días antes en el mismo resguardo, Las Delicias, en Cauca (suroeste).
NÚMEROS EN ROJO
La representante de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, Juliette De Rivero, afirmó el martes pasado que la respuesta militar “no ha logrado frenar” la expansión de grupos armados ilegales y el recrudecimiento de la violencia, que se ha traducido en “un incremento progresivo de los homicidios”.
La aseveración la hizo De Rivero durante la presentación del “Informe violencia territorial: Recomendaciones para el nuevo Gobierno”, que fue entregado a la actual Administración, así como al presidente electo, Gustavo Petro, que asumirá el próximo 7 de agosto, a la vicepresidenta electa, Francia Márquez, y al canciller designado, Álvaro Leyva.
Entre 2016 y 2021, según Oficina de la ONU, hubo 562 casos de asesinato de defensores de derechos humanos en Colombia y entre enero y junio de este año recibieron 114 denuncias de esos homicidios, de las que ha verificado 22 y otros 67 casos están en ese proceso.
El documento recoge testimonios de algunos de los pueblos y territorios más afectados por el incremento de la violencia, entre ellos la situación que viven indígenas awá, barí, embera, jiw y nasa.
