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El proyecto de ley de libertad de expresión y de comunicación que impulsa el Gobierno ecuatoriano garantiza la participación ciudadana en su rol de demandantes de contenido de calidad, entre otros asuntos, se informó este martes.
El secretario General de Comunicación de la Presidencia, Eduardo Bonilla, expuso ante una comisión de la Asamblea Nacional los principios del Proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación, norma impulsada “con el propósito de anular la persecución que se vivió en épocas anteriores e instaurar bases sólidas de libertad de expresión”, reza un comunicado oficial.
Indica que este proyecto de Ley se ajusta a recomendaciones internacionales como las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con esta normativa, la ciudadanía recupera su rol de demandantes de contenido de calidad, e incluso se convierten en fiscalizadores de la prensa: “Cualquier ciudadano con un teléfono con Internet en sus manos puede escribir y levantar la voz y generar una tendencia, un movimiento”.
Esta propuesta normativa apunta a que, a futuro, “la ciudadanía tenga más participación y decisión, irrumpiendo con lo vivido años atrás, en los que la regulación de un solo órgano se convirtió en un mecanismo de persecución”, indica el escrito.
“Esta Ley reconoce la capacidad de los ciudadanos de juzgar lo oportuno y lo veraz, en contraste a tener un órgano de control regido por un político, estableciendo qué es verdad o no”, anotó Bonilla.
Además, insistió en la importancia de contar con diversidad de medios de comunicación, pues esto garantiza la pluralidad de voces y opiniones y permite enriquecer el escenario periodístico y la disponibilidad de contenidos para que la ciudadanía compare y contraste fuentes.
“La alternativa sería solo tener una versión oficial y no puede suceder que una forma de pensar esté impuesta desde el Gobierno”, dijo.
En su intervención, Bonilla enfatizó en que “la libertad no es sinónimo de libertinaje, y tiene consigo una responsabilidad”.
Por ello, el Proyecto de Ley de Libre Expresión y Comunicación impulsado por el Gobierno de Guillermo Lasso, en funciones desde el pasado 24 de mayo, se sustenta en el código de ética del periodista para promover información libre; difundir contenido veraz, sin censura previa y responsable; al tiempo que legítima el derecho a opinar con libertad y fortalece la participación ciudadana.
“Los códigos de ética y la autorregulación periodística es apelar a periodistas y ciudadanos a que asuman la responsabilidad de sus actos”, subrayó.
Sobre este tema también destacó el derecho que tendrán los profesionales de la comunicación a proteger sus fuentes; con ello primará el derecho a la comunicación plural.
Y detalló que se mantienen las vías legales, civiles no penales, para cualquier reclamo o demanda a medios: la persona que abuse de su libertad de expresión lesionando el honor de otros responderá en el campo civil.
“Este Gobierno ha hecho algo histórico: en lugar de mantener los órganos de regulación de la ley anterior, les devuelve el poder a ustedes, los ciudadanos”, concluyó Bonilla. EFE