Una nutrida manifestación de activistas de colectivos feministas de Ecuador, que se identifican con pañuelos verdes, recorrió varias calles de Quito, la capital, para exigir que se despenalice el aborto y que sea legal y seguro.
La manifestación se convocó en el marco del Día de Acción Global por el aborto legal y seguro, que se ha desarrollado en varios países del mundo.
Más de un centenar de activistas participaron en la marcha, en la que los colectivos feministas pidieron que la Asamblea Nacional (Parlamento) agilice el trámite de un cuerpo legal elaborado por la Defensoría del Pueblo, a pedido de la Corte Constitucional, que busca la despenalización del aborto en caso de violaciones.
En Ecuador, hasta ahora, se permitía el aborto para mujeres violadas que sufran discapacidad mental o cuando la madre corra el peligro de muerte, pero que tras una consulta a la Corte Constitucional, esta pidió a la Defensoría del Pueblo para que elaborara la norma para que se aplique en cualquier caso de violación.
Con pancartas, las activistas denunciaron que más de 3.000 niñas, menores de 14 años, dan a luz tras haber sido violadas, y que son siete cada día las que paren tras abusos cometidos en sus propios entornos familiares.
Sinchi Gómez, activista del colectivo Trazando feminismo, aseguró a Efe que la lucha por el aborto legal y seguro en Ecuador comenzó hace varios años, pero que “lo mínimo” que exige su grupo es que se despenalice cuando es producto de una violación.
Ella señaló que muchas niñas que han sido violadas, y que ahora afrontan la posibilidad de ser juzgadas y sancionadas penalmente, se enfrentan a situaciones de aborto clandestino, lo que es estar “entre la cárcel y la muerte”.
Gómez dijo que muchas niñas que han quedado embarazadas producto de una violación, se enfrentan a este dilema, lo que genera además otro tipo de trastornos en las menores y también en la sociedad.
Por ello insistió en que se espera que pronto entre en vigor la norma que permite el aborto en cualquier caso de violación, como una mínima respuesta a la demanda para que se lo permita como un derecho de las mujeres.
