Si en los dos anteriores capítulos de enfrentamientos dentro de las cárceles de Ecuador hubo una carnicería humana, en el último, registrado el martes 28 de septiembre, los reos se “esforzaron” por superar la maldad y la cifra de muertos.
La reyerta del martes en la Cárcel Número 1 de Guayaquil, conocida como Penitenciaría del Litoral, dejó 116 reos asesinados y otros 80 heridos, según lo confirmó hoy miércoles el propio Presidente Guillermo Lasso.
El primer mandatario evitó aceptar que ya se había recuperado el control de la prisión.
El Gobierno de Ecuador, tras la masacre en una cárcel de Guayaquil, declaró estado de excepción en el sistema penitenciario y abrió la posibilidad para que militares y policías ingresen en esos centros, con el objetivo de desmantelar bandas violentas que libran una guerra por el control de las prisiones.
“Declárese el estado de excepción por grave conmoción interna en todos los centros de privación de libertad que integran el sistema de rehabilitación social a nivel nacional, sin excepción alguna, por el plazo de 60 días desde la suscripción de este decreto ejecutivo”, señala el documento suscrito por el jefe del Estado, Guillermo Lasso.
“Es lamentable que las cárceles se las pretenda convertir en un territorio de disputa de poder entre bandas delincuenciales”, remarcó Lasso y dijo que con “con absoluta firmeza”, el Estado no cejará en su afán de “recuperar el control de la Penitenciaría del Litoral y evitar que estos hechos se repitan en algún otro centro penitenciario del Ecuador”.
Por ello, aseguró que se adelantará un plan para tratar de solucionar el fenómeno de la violencia en las cárceles del país, que incluirá importantes inversiones en infraestructuras y sistemas tecnológicos de vigilancia y control, que ayuden a las autoridades a evitar los motines y reyertas, que se han sucedido desde hace varios años.
El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), que tiene a su cargo el sistema penitenciario del país, recibirá los recursos necesarios para emprender con este plan, de forma prioritaria en la cárcel de Guayaquil, según señaló el jefe del Estado.
Esa declaración la hizo Lasso en una rueda de prensa en la que el dimisionario director del SNAI Fausto Cobo, quien ocupará otro cargo en el Gobierno, alertó sobre la fuerza de las bandas que operan al interior de las cárceles, donde incluso se usan explosivos y armas de grueso calibre.
“Esta es una amenaza contra el Estado”, remarcó Cobo, quien renunció el pasado lunes como director del SNAI y fue sustituido por Bolívar Garzón, quien se venía desempeñando como director de la cárcel de la ciudad andina de Latacunga, donde también se han registrado crueles enfrentamientos entre reos.
Las bandas que actúan en las cárceles, que tendrían conexión a carteles de la droga, sobre todo de México, según ha dicho Cobo, tiene un “poder igual o superior” al Estado.
Por ello, indicó que el Gobierno ha adoptado medidas para tratar de mitigar y erradicar la violencia en las cárceles, sobre todo el estado de excepción que permite actuar de forma emergente y rápida.
Según el decreto ejecutivo suscrito por el presidente Lasso, el estado de excepción dispone la movilización nacional de todos los organismos de la administración publica, especialmente del SNAI, las Fueras Armadas y la Policía, para que se “coordinen esfuerzos con el objetivo de ejecutar las acciones necesarias para restablecer y mantener el orden, prevenir nuevos acontecimientos de violencia social al interior de los centros”.
En caso de existir incidentes flagrantes en el interior de las cárceles “la Policía, de manera coordinada con las Fuerzas Armadas, “deberá intervenir de modo urgente, dentro del marco constitucional y legal vigente y en respeto a los derechos humanos”, agrega el decreto.
Asimismo, precisa que la participación de las Fuerzas Armadas deberá respetar los criterios de “necesidad, razonabilidad y proporcionalidad”.
Este es el tercer motín que se registra en una cárcel de Ecuador en lo que va de 2021.
Los dos anteriores ocurrieron en febrero y en julio y dejaron 79 y 22 muertos, respectivamente.
