La delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que visita esta semana Ecuador con motivo de la inseguridad que viven los centros penitenciarios del país ha visitado este jueves la cárcel de Cotopaxi, donde se ha reunido con el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por un caso de malversación de fondos.

La comitiva también ha visitado otros centros penitenciarios ecuatorianos, como el Centro de Privación de Libertad Zonal 8, ubicada a 500 metros de la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde el pasado noviembre un motín se cobró la vida de 65 reos. También en Guayaquil está previsto que visiten la misma Penitenciaría del Litoral y el Centro de Privación de Libertad Mujeres de Guayas.

Además, se reunirán con el gobernador de la provincia, Pablo Arosemena, y con integrantes de la sociedad civil, informa ‘El Universo’.

En las inmediaciones del Centro de Rehabilitación Social (CRS) Regional Sierra Centro Norte Cotopaxi, donde Glas cumple condena, se han reunido un grupo de seguidores del exvicepresidente para pedir su puesta en libertad. Glas ha sido condenado a ocho años de prisión por ser coautor de un delito de malversación de fondos públicos por el conocido como caso Singue. Glas fue vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y de Lenín Moreno en 2017.

A su llegada a Ecuador, la delegación se reunió el miércoles con el presidente, Guillermo Lasso, con quien compartieron una “ruta de acompañamiento técnico”, así como con asambleístas que apuntaron a las gestiones de Lenín Moreno y Rafael Correa como el punto de origen de la actual crisis.

Ecuador, en estado de excepción por la situación en las cárceles, atraviesa una crisis de seguridad que ha dejado varias masacres en centros penitenciarios del país y ha enfrentado a varias bandas. El número total de presos muertos en 2021 asciende a 327, en comparación con la cifra de 2020, cuando fueron 52.

Los conflictos comenzaron el pasado mes de febrero cuando en una operación organizada se registraron cuatro motines simultáneos en las cárceles de Guayas, Azuay y Cotopaxi, dejando ochenta presos muertos, la mayoría de ellos decapitados, debido a una lucha por el control tras el vacío de poder dejado por ‘Los Choneros’ con la muerte en diciembre de 2020 de su líder, un tal ‘Rasquiña’.

Entre abril y julio se registraron más rebeliones en centros de Guayaquil y Lacatunga, con una treintena más de reclusos muertos, llevando al presidente Lasso a decretar el estado de emergencia para el sistema penitenciario. Dos meses después se rompió lo que parecía ser una aparente tregua y se produjo hasta ahora el incidente más sangriento de todos, el de la Penitenciaría del Litoral.

La CIDH ha expresado su “preocupación” ante los “graves hechos” que han ocurrido en los últimos meses, por lo ha urgido a adoptar “medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de quienes están bajo su custodia; a investigar estos hechos, identificar y sancionar a los responsables; y a prevenir su repetición”.