El Pleno de la Asamblea Nacional ecuatoriana (AN) aplazó hasta el próximo martes la votación de un informe parlamentario en el caso de los papeles de Pandora, preparado por la comisión de Garantías Constitucionales y que salpica al presidente del país, Guillermo Lasso.
El vicepresidente primero de la Asamblea, Virgilio Saquicela, político independiente, anunció la decisión después de que el secretario general de la misma leyera durante cuatro horas el informe de 358 páginas, como paso previo a un debate en el hemiciclo que dejó patentes las profundas diferencias entre los legisladores.
El documento contiene dos informes: uno de mayoría y otro de minoría, preparados ambos por la comisión de Garantías Constitucionales, presidida por José Cabascango, de la bancada indígena de Pachakutik.
El informe de la mayoría concluye que existió presunto incumplimiento de una ley aprobada en 2017 que prohíbe a funcionarios públicos y electos tener bienes o activos en los países tipificados en Ecuador como paraísos fiscales, y entre ellos, Panamá.
Una extremo que el mandatario ecuatoriano ha negado, alegando que se deshizo de esos bienes antes de ser candidato a la Presidencia, como lo establece la ley.
El informe de mayoría considera asimismo que hubo una falta al artículo 130, numeral 2 de la Constitución, por lo que el presidente debería ser destituido por “grave crisis política y conmoción interna”.
Su recomendación es que Lasso comparezca ante los parlamentarios y entregue la información pertinente del caso, así como que autorice el levantamiento de la reserva de todas sus transacciones y patrimonio.
Los papeles de Pandora son una filtración de archivos que vinculan a empresarios y políticos de todo el mundo, entre ellos Lasso, con bienes en paraísos fiscales.
Días después de su publicación en septiembre, el mandatario pidió a la Contraloría General del Estado que verificara la declaración patrimonial que presentó antes de asumir el cargo en mayo.
También ha tildado de “patéticamente falsas” las conclusiones de la Comisión legislativa, la acusa de no haber respetado “el debido proceso” y la ha calificado de “circo ideológico”, razón por la que se negó en dos ocasiones a comparecer para responder a las preguntas de sus miembros.
La redacción del informe, que fue completado a principios de noviembre, dividió a los miembros de la Comisión.
De esta forma, el informe de minoría, respaldado por dos asambleístas de la Bancada del Acuerdo Nacional (BAN), entre ellos Saquicela, recomienda que la Asamblea archive el caso y entregue la información a otros organismos fiscales responsables de este tipo de investigaciones.
