Representantes del Gobierno y del movimiento indígena de Ecuador cerraron este viernes una mesa de diálogo sobre políticas mineras y de petróleo, que forma parte de una decena de espacios de conversación abiertos tras las duras protestas sociales de junio pasado.
El Gobierno ecuatoriano, en un comunicado, informó de que se suscribió el “Acta de Cierre de la Mesa No. 5, de Energía y Recursos Naturales”, con varios acuerdos en ciertos temas, aunque con la intención de abrir otras “mesas técnicas” en aspectos en los que aún no se han alcanzado entendimientos definitivos.
La firma de esa Acta se realizó en la sede de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana que participa en el proceso de diálogo como garante e impulsora de las conversaciones.
Entre los acuerdos figura una “moratoria temporal” de actividades petroleras y mineras, de al menos doce meses, en las provincias amazónicas de Pastaza (este) y Morona Santiago (sureste), incluyendo las que se preveían licitar en la llamada “Ronda Sur Oriente”.
En el periodo de moratoria se prevé que se tramite en la Asamblea Nacional (Parlamento) un proyecto de ley sobre la “Consulta Previa, Libre e Informada” a las comunidades que habitan en el entorno de las posibles concesiones.
Además, se informó de que el Gobierno presidido por el conservador Guillermo Lasso no otorgará nuevos títulos mineros hasta contar con la normativa sobre la “Consulta Previa, Libre e Informada”, cuyo contenido también será abordado en una mesa técnica hasta el 21 de septiembre próximo.
Asimismo, se planteó conformar una mesa técnica para la identificación de “pasivos ambientales” formada con representantes de las organizaciones sociales e indígenas afectadas por ese tipo de contaminación de las industrias extractivas (minas y petróleo), que se instalará el próximo 30 de septiembre.
Adicionalmente, se crearán seis mesas técnicas con las organizaciones indígenas para elaborar propuestas a las leyes de “Consulta Previa, Libre e Informada” y de la empresa estatal Petroecuador.
“Lo más importante es que se seguirá trabajando en la ejecución de seis mesas técnicas, en las cuales se reformará la Ley de Minería y la Ley de Hidrocarburos”, añadió el ministro de Energía, Xavier Vera.
El rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecaudor (PUCE), Fernando Ponce León, uno de los facilitadores del diálogo, dijo que la firma del Acta de Acuerdo es una señal de que “se pueden resolver los problemas cuando hay voluntad de las partes”.
En esa línea, ratificó el compromiso de la Conferencia Episcopal para acompañar los diálogos hasta que se cumplan los 90 días establecidos en el Acuerdo de Paz el pasado 30 de junio entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas.
El pasado 31 de agosto, varios representantes indígenas cuestionaron la falta de resultados del diálogo y dijeron temer de que este proceso haya sido utilizado por el Gobierno como un elemento para disuadir las protestas sociales.
El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, Leonidas Iza, dijo que con las mesas de diálogo no se pretendían resolver todos los problemas que agobian al país, aunque sí los más importantes y que motivaron las movilizaciones sociales de junio.
Durante las protestas, que se desarrollaron entre el 13 y el 30 de junio, se registraron siete fallecidos, entre ellos seis manifestantes, además de unos 500 heridos entre manifestantes y miembros de las fuerzas de seguridad (policía y militares).
Las movilizaciones se levantaron después de que el Gobierno aceptó reducir el precio de la gasolina extra y el diesel en 15 centavos de dólar por galón (3,78 litros), pese a que los indígenas reclamaban una rebaja de 40 centavos, y derogar un decreto que promovía el impulso de la actividad minera y petrolera en la selva amazónica.
Además, el Gobierno, agobiado por las protestas, especialmente en Quito, aumentó de 50 a 55 dólares un bono para familias vulnerables, incrementó el subsidio del 50 por ciento de la urea para la agricultura y duplicó el presupuesto para la educación intercultural para las comunidades indígenas.
