Más de 500.000 personas han llegado este año a Panamá tras atravesar el conocido como Tapón del Darién.
Esta es una zona selvática que conecta con Colombia y punto de paso recurrente para quienes quieren avanzar hacia Estados Unidos.
Así lo dio a conocer la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR), que han advertido de que las cifras de 2023 ya son más del doble que las de todo 2022.
Para ambas agencias, que tantas personas se atrevan a atravesar una selva donde pueden perder la vida y en la que quedan a merced de todo tipo de abusos demuestra la magnitud y la complejidad del fenómeno migratorio en el continente americano.
En su mayoría se trata de migrantes de Venezuela, Haití y Ecuador.
Pero también hay personas de otras nacionalidades e incluso del África subsahariana u Oriente Próximo.
Pasan por el Darién
La directora general de la OIM, Amy Pope, ha pedido “más apoyo” por parte de la comunidad internacional para los países receptores de esta migración.
“Para reforzar los servicios nacionales y ayudar a las personas a encontrar estabilidad y evitar embarcarse en peligrosos viajes”, señaló.
En este sentido, ha resaltado que los migrantes pueden convertirse en catalizadores de desarrollo y contribuir a la construcción de comunidades “más fuertes y diversas”.
El jefe de ACNUR, Filippo Grandi, ha coincidido en que “ningún país está preparado” para hacer frente a movimientos “sin precedentes” de población como los que se registran en la actualidad.
Por ello, apela igualmente a la colaboración.
Grandi ha abogado por mirar “qué se puede hacer en cada etapa del viaje para ser más eficaces” en la respuesta a los desafíos.
Una de las reivindicaciones recurrentes de Naciones Unidas gira en torno a la necesidad de establecer rutas seguras y legales para emigrar.
Ya que la organización cree que de otra manera aumentan los flujos ilegales y se crea un caldo de cultivo para que puedan aprovecharlo las redes que trafican con seres humanos.
Asimismo, las agencias han recordado que el Derecho Internacional prohíbe la deportación de personas a zonas donde puedan estar en riesgo.
