El flagelo de los secuestros en Ecuador ha alcanzado proporciones alarmantes, convirtiéndose en una amenaza tangible para la seguridad y el bienestar de la sociedad.

Estos actos no solo violan los derechos humanos más fundamentales, sino que también desgarran el tejido social y siembran el miedo en las comunidades.

Desde un punto de vista familiar, los secuestros causan un trauma indescriptible.

Los efectos duraderos en la salud mental de las víctimas y sus familias pueden ser devastadores, requiriendo un apoyo psicológico extenso y costoso.

Además, los secuestros tienen un impacto económico significativo. Muchas empresas y negocios se ven obligados a cerrar o a reubicar sus operaciones debido al temor. Esto conduce a la pérdida de empleos, ingresos y oportunidades de desarrollo económico.

«Es imperativo que el gobierno aborde esta crisis de manera integral”.

Por otra parte, la respuesta de las autoridades ha sido insuficiente. La falta de una estrategia integral ha permitido que los secuestradores operen con impunidad.

El sistema judicial ha fallado en garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias de sus actos, perpetuando un ciclo de delincuencia y desconfianza en las instituciones.

Es imperativo que el gobierno aborde esta crisis de manera integral. Se necesitan recursos adicionales para fortalecer las capacidades de investigación y respuesta de las fuerzas del orden, así como resultados concretos del sistema judicial contra los secuestros.

Editorial de El Diario publicado el martes 11 de junio del 2024 en nuestra edición impresa.