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El país no merece que grupos políticos que se identifican como defensores de sectores ciudadanos amenacen con volver a las protestas de hace dos años, que dejaron un lamentable saldo en el país.

La negativa del Gobierno a cumplir las exigencias de ciertas organizaciones ha desencadenado en frecuentes amenazas de este tipo, que deben parar por el bien del país.

El resultado de las protestas desencadenó, a más de una generalizada paralización, en enfrentamientos con la Policía, cierre de vías, paralización de servicios públicos, atentado contra bienes del Estado, saqueos, vandalismo, extorsiones.

Hubo muertos, heridos y personas sometidas por gente que, bajo el recurso de la violencia, obligó a plegar a una medida de hecho que no era aceptada por todos. Todavía hay procesos abiertos contra instigadores que fueron identificados.

“No puede confundirse la amenaza con el legítimo derecho a la resistencia y la protesta”.

Bajo las actuales condiciones de crisis en que se debate el país, es irresponsable que se amenace con repetir un episodio tan duro para todos.

El legítimo derecho a la protesta y a la resistencia no debe confundirse con la velada amenaza de repetir un episodio de vandalismo, caos y vulneración de derechos de los ciudadanos. 

Editorial de El Diario publicado este jueves 14 de octubre del 2021 en nuestra edición impresa.