La remoción de Yeseña Guamaní de la segunda vicepresidencia de la Asamblea Nacional es una decisión lamentable, torpe y ridícula.
Realmente es poco importante el nombre de la legisladora a la que se le aplicó la medida; lo fundamental es la señal que envía el Legislativo al país con todo esto.
El informe con el que se tomó la decisión determinó que Guamaní incumplió con sus funciones al haber mocionado una consulta a la Corte Constitucional sobre la capacidad de la Asamblea para derogar o no una ley tributaria.
Remover a una legisladora de su responsabilidad por mocionar algo que, incluso, no surtió efecto porque no tuvo los votos suficientes debe ser una de las cosas más risibles del Parlamento.
En la práctica, si se hace un análisis del nivel de las mociones de los asambleístas de este periodo y se aplica esta misma medida, a lo mejor y el parlamento se queda con las curules vacías.
“Legisladores están dispuestos a forzar las leyes y reglamentos para cumplir objetivos de los partidos”.
El propio debate dejó ver una vez más el bajo nivel de discusión y argumentación de quienes forman este poder del Estado.
Una vez más, queda en evidencia que los legisladores están dispuestos a forzar las leyes y los reglamentos para cumplir objetivos puntuales de los partidos políticos, lo cual se muestra con la elección de los nuevos vicepresidentes.
Se firmó un nuevo episodio patético en una asamblea que hace méritos cada semana para ser el poder del Estado peor valorado por los ciudadanos.
Editorial de El Diario publicado este domingo 24 de julio del 2022 en nuestra edición impresa.
