Causa preocupación que el Estado no cobre los valores de las reparaciones económicas a sentenciados por corrupción.
Y que haya varios casos de personas que, sin haber cumplido esta parte de los fallos judiciales, hayan recuperado la libertad.
Al respecto, hay controversia en torno a la liberación de personas que no han terminado de cumplir sus sentencias en sonados casos de corrupción.
Pero, indistintamente de la legalidad o no de estas medidas, llama la atención que no se haya ejecutado otra parte de las disposiciones de los jueces.
Nos referimos a la recuperación de valores con los que se perjudicó al Estado y a la sociedad, así como las multas a sentenciados y otros valores.
“Llama la atención que no se hayan recuperado los valores de perjuicios al Estado”.
Muchas de esos sentenciados ni siquiera fueron acusados de peculado, sino de delitos menos graves.
Y por lo tanto, admiten sanciones más contemplativas, en leyes creadas para la impunidad.
Indignan, también, las sospechas de que tras la liberación de involucrados en casos de corrupción existan tácitos acuerdos.
El Estado -y, consecuentemente, la sociedad- no puede seguir siendo el gran perjudicado por la abulia de quienes tienen la obligación de hacer que la parte de la reparación económica de las sentencias ejecutoriadas se cumpla, ni por posibles acuerdos tras bastidores que desubican a la justicia.
Editorial de El Diario publicado este domingo 29 enero del 2023 en nuestra edición impresa.
