Sobre los ataques contra la prensa y los periodistas, incluidos los crímenes de que han sido víctimas los comunicadores, existe una preocupante tendencia a la impunidad.
Desde el año 2005 hasta el 2022 trece crímenes a periodistas siguen en la impunidad y, en lo que va del 2023, nueve comunicadores se han visto obligados a abandonar el país para proteger sus vidas y las de sus familiares.
Todo eso, debido a amenazas y ataques, según Fundamedios, organización que también contabiliza 219 agresiones contra periodistas en lo que va del año.
El trabajo periodístico no solamente se ve amenazado por la delincuencia sino también por la inacción estatal, representada en el lento avance de las investigaciones y los procesos judiciales.
“El Estado tiene la responsabilidad de garantizar la libertad de expresión”.
El mecanismo de protección, previsto en la Ley de Comunicación y su reglamento, no tiene la fuerza suficiente.
No existe la fuerza para garantizar condiciones de seguridad y libertad para el ejercicio periodístico.
La libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas y debe garantizarlo el Estado, pero con medidas ciertas.
Eso incluye una prensa libre, alejada de amenazas y de otras acciones que obstaculicen su trabajo.
Es uno de los cimientos de la democracia y de la defensa de otros derechos.
Un Estado que no imparte justicia se convierte en cómplice.
Editorial de El Diario publicado este viernes 3 de noviembre del 2023 en nuestra edición impresa.
