El juez supremo peruano Juan Carlos Checkley ordenó este jueves 8 de diciembre del 2022 siete días de detención preliminar para el expresidente Pedro Castillo.
El Poder Judicial en su cuenta oficial de Twitter anunció que se investiga al exmandatario por el “delito de rebelión (alternativamente conspiración)”.
Checkley evaluó esta mañana, en una audiencia virtual, el requerimiento fiscal que solicitaba esta medida contra Castillo.
En la resolución, compartida por el Poder Judicial, el juez también declara la “legalidad de la detención” de Castillo y establece que el plazo de detención judicial “estará vigente del 7 al 13 de diciembre”.
Durante la audiencia, el fiscal adjunto supremo Marco Huamán aseguró que “queda evidente la alta probabilidad de fuga” del expresidente.
Eso tras mencionar la intención de Castillo de dirigirse a la Embajada de México para pedir asilo. Esto fue confirmado por el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador.
Huamán indicó que la detención del exjefe de Estado es “necesaria” para asegurar los actos de investigación.
Además, acusó a Castillo de haber pretendido cambiar el modelo de Estado de derecho establecido en la Constitución, de manera ilegal y dolosa.
En la audiencia también participó virtualmente Castillo, quien estaba acompañado de su abogado Víctor Pérez y de su ex primer ministro Aníbal Torres, quien también ejerce su defensa.
Pedro Castillo no quiso hablar en su audiencia de detención
Al término de la audiencia, Checkley le dio la palabra al exmandatario, pero este se limitó a afirmar “eso es todo”, en alusión a lo dicho por sus abogados.
En su intervención, Torres aseguró durante la detención de Castillo nunca se empleó algún “medio coactivo o coercitivo”.
Pero, insistió en que en este proceso “se está violando flagrantemente el principio de legalidad”.
Torres considera que en ningún momento se acreditaron los delitos imputados al expresidente.
En esa misma línea, Pérez sostuvo que el anuncio de Castillo sobre el cierre del Parlamento no implicó un levantamiento en armas que requiere, según dijo, el delito de rebelión y negó que exista peligro de fuga, por lo que solicitó al juez que declare infundado el requerimiento del Ministerio Público.
“Las declaraciones de mi patrocinado en su mensaje no configuran el delito de rebelión (…) ¿Cómo puede una persona querer fugarse cuando no ha cometido los presuntos delitos que le están imputando”, señaló Pérez.
El Ministerio Público anunció el miércoles el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura de Lima.
El exmandatario quedó arrestado por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Dicha orden, mayoritariamente, se interpretó como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno.
Al igual que las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra, que finalmente fue aprobado por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano. EFE