El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció este lunes 12 de septiembre del 2022 que la consulta popular que planteará a la ciudadanía tendrá ocho preguntas que girarán en torno a temas de seguridad, medioambiente y mejoras en la calidad institucional.
El jefe de Estado convocó a los ecuatorianos a afrontar “las amenazas desde la raíz”, así como “a usar su poder democrático a través de una consulta ciudadana que enfrentará problemas que Ecuador no ha podido resolver en su pasado” y que no le permiten desarrollarse, dijo en un acto público en Quito.
SEGURIDAD
En temas de seguridad, el gobernante avanzó que, en la consulta que propone, preguntará sobre la posibilidad de que las Fuerzas Armadas trabajen en conjunto con la Policía “en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.
Asimismo, preguntará a la ciudadanía si está de acuerdo con extraditar “a los narco-criminales”.
“¿Qué opinan de que aquellos narco-criminales que hayan cometidos delitos en otros países puedan ser juzgados fuera de Ecuador, de acuerdo con leyes de aquellos países a los que hayan afectado?”, dijo el gobernante en un acto público en el que anunció las preguntas de su consulta popular.
Explicó que ello permitirá que “dichos criminales puedan ser extraditados por estados cuyas leyes han violado y donde enfrentarían condenas mucho más duras e ineludibles que en Ecuador”.
Otra pregunta en temas de seguridad está relacionada con dar “más y mejores herramientas” a la Fiscalía para elegir a servidores, sin intromisiones, “de manera autónoma”.
MEJORA INSTITUCIONAL
Con miras a mejorar la calidad institucional, el Ejecutivo avanzó que propondrá reducir el número de asambleístas y obligar a las organizaciones políticas a llevar un registro formal de ciudadanos afiliados, que será debidamente auditado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Lasso consideró que en la actualidad “son tantos los partidos (políticos) que el ciudadano, en lugar de sentirse representado por ellos, se siente cada día más distante”.
Asimismo, en temas institucionales propondrá eliminar “la politiquería y el manoseo en la designación de autoridades de control”, anotó el jefe de Estado.
Para esto, señaló que preguntarán a la ciudadanía sobre la eventualidad de eliminar la potestad actual que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de designar a las autoridades “y en su lugar implementar procesos exclusivamente meritocráticos y de excelencia”.
MEDIOAMBIENTE
En el plano ambiental, la consulta propuesta por el Ejecutivo planteará si la ciudadanía “está de acuerdo en ir mucho más allá en la defensa del medioambiente y crear un subsistema de protección de agua, que sea incluido en el sistema nacional de áreas protegidas”.
“Ecuador debe significar vanguardia a la hora de hallar nuevos mecanismos de conservación ambiental”, indicó el presidente en una alocución en Quito, sin precisar más detalles.
La última de las ocho preguntas que presentará el Ejecutivo tiene que ver con otorgar retribuciones e incentivos a quienes presten servicios para la conservación de la naturaleza.
¿FEBRERO 2023?
Según Lasso, la consulta no tiene partidos, autoridades ni agendas políticas y nació de un proceso de diálogo con la ciudadanía.
“La consulta es la propuesta, es la solución, es nuestra indignación canalizada para alcanzar una sociedad mejor. Por eso, quiero insistir en algo fundamental, la papeleta de esta consulta no tiene ni tendrá candidatos ni nombre de políticos ni partidos”, insistió.
Si bien la fecha de la consulta popular dependerá del proceso de la convocatoria, que quedará a cargo del CNE, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, había mencionado recientemente que la fecha máxima para realizar el referéndum podría coincidir con las elecciones provinciales, municipales y de integrantes del CPCCS previstas para el 5 de febrero de 2023.
Para esa misma fecha, grupos ambientalistas esperan que se convoque a una consulta relacionada con la posibilidad de mantener el petróleo bajo tierra en la reserva del Yasuní, luego de que el pasado martes, el Tribunal Contencioso Electoral aceptó -tras casi una década de litigio- que se validen las firmas de respaldo para convocar al proceso.
