Cada día Segundo Villegas llega hasta el área de mariscos de Plaza Central. Se apoya en su intuición y en su bastón blanco.
Hace 27 años, luego de sufrir un accidente, se quedó completamente ciego.
Por eso hace varios años el Estado le asignó un bono que consistía en una ayuda de 100 dólares mensuales. Con esos recursos subsistía en El Florón 2, de Portoviejo, donde vive.
Sin embargo, lamenta que este 6 de diciembre, cuando se acercó a cobrar, como cada mes, se llevó la peor noticia de los últimos tiempos: Ya no consta en la base de datos de beneficiarios. Preocupado se fue al Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, y allí solo le dijeron que debido a que ya mejoró su condición no puede recibir la ayuda.
Villegas no entiende a qué se refieren con mejorar su condición, él jura que sigue sin ver nada y que se mantiene tan pobre como antes, al punto que en la zona de mariscos varios comerciantes le regalan pescado para que pueda subsistir. Al borde de las lágrimas, manifestó que es injusto que lo hayan sacado.
Más casos. Igual de preocupada está Letania Vera. Su caso es igual de preocupante, ella nació con discapacidad en las extremidades, a lo que se suma una artrosis que cada vez la limita más en sus movimientos. El carné de registro indica que tiene 50% de discapacidad. Aun así debe coger fuerzas para atender a su madre, Mariana Santana, de 78 años, quien hace seis sufrió un derrame cerebral que la dejó confinada a la cama. La anciana recibía un bono de $50, con los cuales su hija compraba tres paquetes de pañales en $45 y los otros cinco en medicina para la presión.
El 4 de diciembre le dieron la trágica noticia de que ya ninguna de las dos son beneficiarias del bono. “A las dos nos sacaron de golpe”, dijo Letania sin poder contener las lágrimas.
Ella mencionó que el único delito fue haberle puesto ladrillo y cemento a la casa que se les caía a pedazos. Cuestionó que por haber intentado mejorar sus condiciones de vida las excluyeron de la asistencia.
Dijo que ahora solo viven de lo que su esposo pueda lograr en la labor de cuidar carros en el centro de Portoviejo.
Reclaman. Como ellos, decenas de personas se lamentan que ahora en el mes de diciembre han quedado sin el beneficio. Lafior Martillo es una activista que está liderando la defensa de estas personas.
Indicó que en los primeros días de diciembre ya conoció 30 casos de excluidos del bono y se siguen sumando más. Es por eso que esta semana llegaron hasta la Gobernación de Manabí para dar la alerta a su titular, Juan Francisco Núñez, pero el funcionario no estaba, señaló.
Dijo que “es inaudito que porque los discapacitados intenten mejorar sus viviendas sean excluidos del bono. Si tienen un televisor, les ponen en el informe que tienen electrodomésticos, entonces les bajan el quintil (calificación) y los dejan fuera”, denunció.
Mencionó que las autoridades provinciales del MIES se están tomando a la ligera la evaluación de los casos, y pidió “que sean más solidarios con personas que apenas tienen un cuadrado de ladrillos como casa y los dejan fuera”.
La dirigente advirtió que la próxima semana volverán a la Gobernación y se sumarán más afectados, además, si no son atendidos viajarán a Quito hasta el Palacio de Gobierno a alertar de lo que está sucediendo en Manabí.
El Diario buscó la versión del coordinador del MIES Lenín Cedeño, pero se indicó que estaba en Ambato en una reunión.
