La meta de alcanzar una producción de un millón de barriles de crudo diarios hasta 2025 es “ambiciosa” pero está “al alcance”, pese a problemas como el vertido en la Amazonía ocurrido la semana pasada, aseguró en entrevista con Efe el ministro de Energía y Recursos No Renovables, Juan Carlos Bermeo.
“Es evidente que la meta del millón de barriles que nos ha puesto el señor presidente es ambiciosa, pero estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para lograrla”, dijo el titular del ramo, cuando el sector atraviesa tiempos convulsos con las últimas roturas en oleoductos vitales, que han obligado a suspender el flujo.
Bermeo hablo con motivo del XVI Encuentro Anual de Energía y Petróleo (ENAEP) celebrado en Quito, donde se analizó el desafío que supone aumentar la producción en momentos en los que no consigue despegar desde hace dos años.
INVERSIÓN PRIVADA Y PÚBLICA PAREJA
El ministro consideró que la clave para incrementar una producción con base a unas reservas que comprenden los 8.000 millones de barriles, pasa por la participación mano a mano de la empresa pública y privada, a fin de modificar el peso de la primera sobre la segunda.
“Este porcentaje del 80 %-20 % que está hoy vigente puede cambiar, fundamentalmente por la participación de las empresas privadas en las rondas petroleras que vamos a llamar” a concurso, pronosticó.
Al igual que en la vigente Ronda Intracampos 1, donde recientemente las perforaciones hallaron hidrocarburos en la provincia amazónica de Sucumbíos, las nuevas “estarán convocadas bajo la modalidad de participación del Estado con el activo, y de la empresa privada con las inversiones y el plan de desarrollo”.
El Ejecutivo de Lasso ha puesto el ojo en las “áreas estratégicas del país” con las que busca acelerar la inversión privada para que sectores como la minería, la energía y el petróleo permitan “acometer estas actividades altamente demandantes de capital”.
Pero, ¿qué ventajas competitivas está ofreciendo Ecuador en relación a otros países de la región?. En palabras de Bermeo, “un Gobierno serio, democrático, que ofrece seguridad jurídica, que impulsa la iniciativa privada, y una moneda como el dólar, (tiene) una diferencia notable frente a otros países”.
Precisamente la región está sufriendo las consecuencias de fenómenos geofísicos y climáticos, según la industria, mientras que los ambientalistas y poblaciones afectadas acusan a las petroleras de negligencia y falta de responsabilidad en los vertidos de crudo.
Recientes desastres ecológicos como el de Perú, o el ocurrido en Ecuador el pasado viernes, cuestionan la voluntad de seguir poniendo el pie en el acelerador petrolero.
Al respecto, el ministro defiende que “la industria petrolera contribuye de forma significativa al PIB ecuatoriano”, y que programas como la lucha contra la desnutrición infantil no podrían llevarse adelante sin los recursos necesarios que provee este gran activo.
“Por el lado de la industria per se, no hay que olvidar que estamos en un país que tiene condiciones geográficas complejas que requieren decisiones y, sobre todo, alternativas técnicas complejas”, sostiene antes de reconocer que en algunos casos los “problemas de orden natural” son difíciles de predecir, “se producen cuando se producen”.
PERCANCES EN LA AMAZONÍA
El petróleo es el principal producto de exportación del país andino, que produce en estos momentos unos 490.000 barriles diarios, si bien el presidente se ha marcado el objetivo de duplicar esa producción y llegar al millón para cuando termine su legislatura.
Para 2021 había planteado un crecimiento del 8 %, no alcanzado debido a adversidades naturales y, también, a cierta obsolescencia de la industria.
La región amazónica ecuatoriana viene experimentando en los últimos dos años episodios de vertidos provocados por la rotura de tuberías de los oleoductos que trasladan el combustible hasta otras regiones del país causando importantes afectaciones, según las denuncias de los damnificados, buena parte de ellos, miembros de comunidades indígenas.
El pasado 8 de diciembre tres oleoductos resultaron dañados y paralizaron el bombeo de crudo en la zona debido al fenómeno geológico conocido como erosión regresiva en la cuenca del río Coca.
Previamente, en 2020, un deslizamiento a la altura de la desaparecida cascada San Rafael en la misma región, provocó un derrame que afectó a unas 27.000 personas.
Al respecto, Bermeo arguye que en el evento ocurrido en diciembre “no hubo ni un solo barril de petróleo derramado”, y que en el más reciente, “se han hecho esfuerzos enormes para poder evitar una contaminación de mayores proporciones”.
Las organizaciones indígenas y ecologistas censuran que el Decreto Ejecutivo emitido en julio para incrementar de manera plausible la producción petrolera desatiende la legislación que obliga a una consulta previa e informada a las comunidades que podían resultar afectadas por la medida. EFE db/elb (foto) (video)
