La solución a la crisis de violencia en las cárceles de Ecuador pasa por que el Estado recupere el control de las prisiones, ahora en manos de bandas criminales, y desarrolle una política que prime la prevención del delito y no el encarcelamiento, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En su informe publicado este jueves a raíz de su visita realizada a Ecuador entre el 1 y el 3 de diciembre de 2021, la CIDH dio pautas a Ecuador para abordar la crisis que en 2021 dejó 316 presos bajo custodia del Estado muertos, en distintos enfrentamientos entre bandas rivales que se disputan el control interno de las cárceles.
De acuerdo a la CIDH, el Estado ecuatoriano reconoció a la Comisión que no tiene el control de muros para adentro, donde “los líderes de estos grupos (bandas criminales) cobran precios ilegítimos y abusivos a los otros internos por sus celdas y camas, así como para el acceso a servicios”.
“Al mismo tiempo, la falta de control en los centros facilitaría el ingreso de drogas y armas a los centros penitenciarios”, reportó la CIDH, que advirtió una “violencia y corrupción sin precedentes dentro de las prisiones”.
MÁS GUARDIAS
Para ello, la Comisión consideró elemental incrementar el personal de prisiones a cargo de la seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios, pues este fue catalogado como “insuficiente” para hacerse cargo del gran volumen de presos y sin la necesaria capacitación.
Para la CIDH, las causas de esta situación son estructurales, por un “debilitamiento del sistema penitenciario desde hace por lo menos dos décadas, bajo la responsabilidad de las diferentes funciones del Estado”.
A ello se le suma el “aumento de penas y del catálogo de delitos que privilegian el encarcelamiento, la política contra las drogas, el uso excesivo de la prisión preventiva; los obstáculos legales y administrativos para la concesión de beneficios e indultos; y las deplorables condiciones de detención”.
En ese sentido, el informe de la CIDH urgió al Estado ecuatoriano a cambiar su política de seguridad, de una que privilegia el encarcelamiento a otra que contenga medidas efectivas para la prevención del delito y el control de la delincuencia, especialmente en los entornos más desfavorecidos.
EXCESIVA PRISIÓN PREVENTIVA
La Comisión incidió especialmente en reducir el abuso que desde el sistema de justicia se hace de la prisión preventiva (provisional), lo que ha hecho que el 39 % de los 36.599 que tenían las prisiones de Ecuador al 29 de noviembre de 2021 estuviesen privados de libertad sin una condena.
Al respecto, el documento solicitó que no ingrese ningún preso nuevo a la cárcel de Guayas, la más poblada del país con 7.231 reos y una en la que se produjeron los peores episodios de violencia.
Asimismo, la CIDH reclamó la adopción de una perspectiva de género para proteger a las mujeres y a otros grupos vulnerables mientras el control interno de prisiones se encuentre en manos de bandas criminales, algunas de ellas de carácter internacional.
CONDICIONES INDIGNAS
También fue enfática en reclamar garantías de que los presos contaran con “condiciones de detención compatibles con la dignidad humana y con el respeto de los derechos humanos”, así como con atención de personal de salud y con “agua suficiente, salubre y aceptable”.
Esto a raíz de que la CIDH constató que las condiciones carcelarias en Ecuador “se alejan de los estándares interamericanos en materia de privación de libertad” por falta de separación por categorías según peligrosas, falta de atención médica y de perspectiva de género, deficiente infraestructura; alimentación inadecuada y obstáculos para la efectiva reinserción social.
La Comisión fue informada de que solamente el 50 % de la población penitenciaria podría acceder a actividades enfocadas a la reinserción, lo que haría que 8 de cada 10 personas liberadas volverían a delinquir.
NUEVA POLÍTICA EN MARCHA
Sobre este escenario, el Gobierno del presidente Guillermo Lasso presentó el 21 de febrero “la primera Política Pública de Rehabilitación Social del Ecuador con énfasis en la promoción de los derechos humanos de las Personas Privadas de Libertad”.
Esta política que busca cambiar las condiciones carcelarias y de reinserción de los presos cuenta con un presupuesto de aproximadamente 27 millones de dólares para desarrollar 12 ejes y más de 300 acciones entre distintos ministerios.
“Vamos a dignificar las cárceles. La vida no termina ahí. Nuestra meta principal es que su permanencia tras las rejas sea el tránsito hacia una vida nueva”, manifestó ese día Lasso, quien también recientemente firmó un decreto con el que aspira a indultar a 5.000 reclusos sentenciados por delitos menores. EFE
