Tras dos días de debate, la Asamblea resolvió aprobar una resolución sobre el expresidente Guillermo Lasso y no censurarlo tras el proceso de juicio político.

La resolución se tomó después de que el Partido Social Cristiano (PSC) propusiera ir por esta vía pues, a su criterio, no procedía votar por una censura de Lasso, porque ya no está en funciones.

Tras largas negociaciones, el correísmo aceptó ir por esta opción, informó Primicias.

Por esta razón, la asambleísta Viviana Veloz, una de las proponentes del juicio político, mocionó una resolución con seis puntos, que principalmente dice:

Manifestar que el expresidente Guillermo Lasso es “responsable político de la infracción constitucional de peculado”. El exmandatario “organizó, conoció y consintió la distracción de fondos públicos” consecuencia del contrato con Amazonas Tanker Pool, lo que generó un perjuicio para el Estado.

Recordar a la Función Judicial que la Asamblea es el “máximo foro de deliberación publica” y por lo tanto se rechaza toda resolución que pretenda interferir con las decisiones democráticas de la Función Legislativa.

Rechazar las actuaciones de Guillermo Lasso, de utilizar la figura de muerte cruzada durante el juicio político, “para eludir la responsabilidad política”.

Pedir a las instituciones que inicien un proceso de investigación contra Lasso toda vez que los indicios “hacen presumir el cometimiento de una infracción penal”.

La resolución fue aprobada con 116 votos a favor, un voto en contra y siete abstenciones. Los votos a favor provinieron de todas las bancadas legislativas.

Con esto, queda cerrado el proceso de juicio político. Además, a criterio de las bancadas de mayoría, esta resolución no les traería consecuencias con la Corte Constitucional, que analizará un posible incumplimiento de su dictamen sobre el juicio político a Lasso.

Esta resolución no tiene ningún tipo de efectos reales para Lasso. Sin embargo, de encontrar indicios, la Fiscalía podría incluir la documentación en la investigación previa que ya está abierta.

El juicio político inició en el anterior período legislativo, por una sola causal: presunto peculado.

El caso se centra en un acuerdo entre Flopec y Amazonas Tanker Pool, que según los denunciantes habría causado un millonario perjuicio al Estado.