El juicio político al Presidente de la República, Guillermo Lasso, sufre un nuevo revés, dentro de la Asamblea Nacional.
La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional en su borrador recomienda no enjuiciar al Presidente Lasso.
La Comisión, que preside Fernando Villavicencio, en el documento señala que el Presidente no incurrió en el delito de peculado, por el que estaba siendo investigado.
El delito de peculado está establecido en el numeral 2 del artículo 129 de la Constitución.
Esa es la recomendación que se realiza en el informe borrador, luego de la solicitud de juicio político planteada por cuatro legisladores correístas Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y dos aliados.
Los asambleístas acusaron a Lasso de peculado en la suscripción de un contrato de transporte de petróleo entre Flopec EP y Amazonas Tankers Pool.
Dentro de la Asamblea hay división por el juicio político. Varios asambleístas se han separado de sus partidos (los movimientos acusadores), por que no están de acuerdo en votar a favor de la censura.
Los votos para destituir a Lasso
En la Asamblea se requieren 92 votos para destituir al Presidente.
Aún así, la oposición legislativa liderada por el correísmo y el Partido Social Cristiano ha anticipado que cuentan con los 92 votos para una posible censura y destitución de Lasso.
El juicio político se dio luego de que la Corte Constitucional emitió el dictamen favorable para el juicio político contra el mandatario, por posible peculado. Las otras acusaciones de los asambleístas no fueron calificadas.
El jueves 4 de mayo se confirmó por ejemplo la salida de tres asambleístas del PSC.
Karen Noblecilla, Elina Narváez y Javier Ortiz abandonaron la bancada, por lo que no van a votar en bloque por la destitución.
Noblecilla denunció “manejo del bloque” y a “vulneración de su derecho de expresar su pensamiento libremente” sobre el juicio político.
Y no son los únicos, en UNES y Pachakutik también hay bajas y división por el juicio político.
Según el coordinador del PSC, Esteban Torres, el Gobierno promueve una “compra de asambleístas”.