La organización Human Rights Watch (HRW) alertó este miércoles de que las fuerzas de seguridad ecuatorianas han incurrido en “graves violaciones” de los Derechos Humanos en el marco de la lucha contra las bandas después de que el presidente, Daniel Noboa, decretara a principios de abril el estado de “conflicto armado interno” en el país.
En una carta enviada al presidente, HRW señaló que estas “graves violaciones” incluyen, al menos, una posible “ejecución extrajudicial” y “múltiples casos de detenciones arbitrarias y malos tratos por parte de las fuerzas y cuerpos del Estado.
A pesar de que los homicidios han ido disminuyendo, las extorsiones y los secuestros han aumentado y la situación de seguridad “sigue siendo grave”, según la misiva.
“La escalada de violencia y el aumento del crimen organizado en Ecuador ponen en peligro la vida de los ecuatorianos y sus instituciones”, ha señalado Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch.
“En lugar de anunciar sin fundamento la existencia de un ‘conflicto armado’, el Gobierno debe responder a la violencia con una política de seguridad efectiva que proteja a los ecuatorianos y sea respetuosa de los Derechos Humanos”, advirtió.
Aumentan los homicidios en Ecuador
Los homicidios en Ecuador aumentaron un 574,30 por ciento entre 2019 y 2023, elevando la tasa de homicidios de poco más de 7 a más de 47 por cada 100.000 habitantes, según cifras del Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado.
Dos bandas principales –Los Choneros y Los Lobos– se han aliado con narcotraficantes colombianos, mexicanos y albaneses, y luchan por el control del territorio y de las rutas del narcotráfico en el país.
En este sentido, el anuncio de un “conflicto armado” tras el violento asedio a la sede del canal estatal TC Televisión por parte de hombres armados y la fuga de prisión de José Adolfo ‘Fito’ Macías Villamar, líder de Los Choneros, llevó a Noboa a declararle la guerra a más de una veintena de grupos del crimen organizado, a los que calificó de “terroristas”.
Noboa ordenó a las Fuerzas Armadas ejecutar “operaciones militares, bajo el derecho internacional humanitario y respetando los Derechos Humanos, para neutralizar” a 22 grupos de crimen organizado.
Sin embargo, el Derecho Internacional estipula que la existencia de un conflicto armado depende de un análisis objetivo de criterios sobre el nivel de organización de estos grupos armados y la intensidad de los ataques, según ha recalcado HRW.
En este sentido, ha acusado a las autoridades ecuatorianas de no haber presentado pruebas suficientes de que los enfrentamientos con cualquiera de los 22 grupos criminales constituyan un conflicto armado no internacional.
“Graves violaciones” contra detenidos
Se estima que muchos de los detenidos en el marco de las operaciones del Ejército “no fueron llevados nunca ante un fiscal o un juez a pesar de que la Policía y los militares están obligados a informar a los fiscales de las detenciones que llevan a cabo”.
Asimismo, la organización acusó al Ejército, que controla las cárceles ecuatorianas desde enero, de “mantener incomunicados a los detenidos, obstaculizando en algunas ocasiones su derecho a consultar con abogados o a obtener asistencia médica”.
En este sentido, HRW puntualizó que son los militares los que, a todas luces, “parecen ser los responsables de múltiples casos de malos tratos y tortura en prisión“.
“Durante una audiencia judicial, un detenido describió cómo los militares le pegaron con un cable en la espalda y le pisaron un dedo”, recoge el texto.
Es por ello que la ONG advirtió de que las autoridades ecuatorianas parecen “no haber tomado las medidas suficientes para prevenir las violaciones de los Derechos Humanos o garantizar que los responsables rindan cuentas por sus acciones”.
En vez de eso, los asambleístas han dicho estar a favor incluso de “indultar a miembros de la Policía y el Ejército en caso necesario para garantizar su tarea”, mientras que Noboa ha acusado de “antipatria” a un juez que se pronunció sobre supuestas violaciones de Derechos Humanos en las cárceles del país.
“Las Fuerzas Armadas no están entrenadas para tareas de vigilancia e investigación. Ponerlas a ejercer ese papel aumenta el riesgo de abusos”, manifestó Goebertus, que afirmó que “el Gobierno debería limitar la actuación de las Fuerzas Armadas a las circunstancias estrictamente necesarias”.
“Ecuador necesita más funcionarios judiciales y policías mejor entrenados para investigar al crimen organizado, no más soldados en las calles”, detalló.
