El movimiento del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, Revolución Ciudadana, rechazó este viernes la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Londres de autorizar la extradición a Estados Unidos de Julian Assange.
“Eso pone en riesgo su vida, pues el país que lo requiere puede juzgarlo con pena de muerte”, indica un comunicado emitido hoy en el que se asegura que “la persecución política internacional se intensifica”.
Defiende además que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es clara en garantizar que toda persona “tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país”.
El documento censura que en el anterior Gobierno en Ecuador, encabezado por Lenín Moreno, y en el que fue titular del Interior, María Paula Romo, y de Exteriores, José Valencia, “violaron los derechos humanos de Julian Assange”.
“No respetaron ni garantizaron el estatus internacional de asilado y permitieron que actores de otros países ingresaran a la Embajada del Ecuador en Reino Unido”, asegura el documento.
Tras casi siete años asilado en la Embajada ecuatoriana, Assange fue sacado del edificio el 11 de abril de 2019 por la Policía británica después de que el Ejecutivo del entonces presidente Lenín Moreno, le retirara esa protección diplomática.
Revolución Ciudadana consideró esa decisión “una clara violación a la soberanía ecuatoriana” y advirtió que “el retorno de una Justicia independiente en nuestro país colocará a los responsables de estas flagrantes violaciones de derechos humanos en el lugar de la historia que les corresponde”.
Después de denegar la extradición por riesgo de suicidio, el Tribunal de Apelación de Londres concluyó que el Gobierno estadounidense ofrece suficientes garantías de que el activista recibirá el trato adecuado para proteger su salud mental.
El fundador de WikiLeaks, de 50 años, seguirá detenido en la cárcel de alta seguridad londinense de Belmarsh, donde cumple prisión preventiva hasta que termine este proceso, que aún puede ser recurrido por la defensa.
Estados Unidos reclama al australiano para juzgarlo por 18 delitos de espionaje e intrusión informática tras las revelaciones de su portal WikiLeaks.
