La Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional de Ecuador apuntó este viernes al Presidente del país, Guillermo Lasso, en un informe sobre los Papeles de Pandora, que vinculan al mandatario con paraísos fiscales y el incumplimiento de la normativa interna.
La Comisión, con seis votos a favor, dos en contra y una abstención, aprobó el “informe no vinculante” de la investigación en la que advierte del presunto incumplimiento por parte de Lasso de una norma que prohíbe a los candidatos presidenciales tener capitales o bienes en paraísos fiscales.
Según dicha comisión, esa posibilidad podría incluso configurar lo que dispone la Constitución en su artículo 130, numeral 2, sobre la causa de “grave crisis política y conmoción interna”, conocida como “muerte cruzada”, y que podría ser esgrimida para un eventual proceso de destitución del gobernante.
Paola Cabezas, integrante de dicha comisión y militante del opositor movimiento correísta UNES, dijo a Efe que la investigación arrojó “evidencias” que apuntan a que Lasso pudo haber incumplido el pacto ético sobre paraísos fiscales, que entró en vigor en 2017.
Información que fue proporcionada desde Panamá arrojó indicios sobre la posibilidad de que el mandatario tenga relación “o sea propietario indirecto” de la firma Banisi, una entidad que absorbió otras que poseía Lasso en ese país centroamericano, considerado un paraíso fiscal, explicó Cabezas.
Además, indicó que, al parecer, “hubo una simulación” de venta de dichas empresas, ya que hay datos que apuntan a que el actual mandatario, más bien, las entregó a familiares, allegados y abogados suyos.
“No hay ningún registro” de que haya vendido la firma “Pietro Overseas”, una empresa a su nombre y que la entregó a sus hijos, agregó Cabezas, aunque explicó que esa eventual simulación “no se puede corroborar, porque Panamá es paraíso fiscal y no entrega información”.
La legisladora precisó que el informe de la Comisión de Garantías Constitucionales se tratará en el pleno de la Asamblea Nacional, en un debate al que se debe convocar en un plazo de 30 días.
En dicha sesión se debe aprobar o no el informe y la suerte de la investigación, añadió Cabezas, al precisar que la indagación efectuada por ese ente parlamentario será remitida a la Fiscalía y la Contraloría (Tribunal de cuentas) del Estado, para que sigan con las averiguaciones respectivas.
Lo anterior debido a la justicia ordinaria es la que debe investigar si en este caso se configuran otro tipo de delitos como el perjurio, la evasión tributaria, la malversación de fondos del público (peculado bancario) o el enriquecimiento ilícito, agregó.
“Esto debe ser investigado por la justicia”, ya que hay “suficientes elementos en el informe” para que se inicie una investigación “por cuerdas separadas”, precisó la legisladora.
La comisión de Garantías Constitucionales, en las recomendaciones de su informe, también sugiere la comparecencia del Presidente Lasso ante el pleno de la Asamblea Nacional en el plazo máximo de ocho días, para que entregue información solicitada.
También recomienda que se levante el sigilo de toda la información que ha sido catalogada como reservada por las instituciones del Estado, relacionados con las transacciones, patrimonio e investigaciones en curso vinculadas en este caso.
Asimismo, sugiere que se otorgue un plazo de 48 horas a todas las instituciones del Estado para que entreguen a la Asamblea Nacional la información requerida en la investigación.
Por otra parte, recomienda que se exhorte al Ejecutivo y a la Corte Constitucional para acelerar el proceso de ratificación del Acuerdo de Intercambio de Información Tributaria con Estados Unidos, considerada valiosa en este caso.
La Comisión de Garantías Constitucionales también resolvió continuar con la fiscalización a las instituciones del Estado en lo relativo al contenido de su informe sobre los Papeles de Pandora. EFE
