La Asamblea Nacional (Parlamento) de Ecuador amnistió este jueves a 268 procesados, entre ellos líderes indígenas, defensores ambientales y cargos públicos afines al correísmo por presuntos delitos cometidos en protestas sociales, entre ellas las violentas revueltas que vivió el país en octubre de 2019.
Las amnistías fueron aprobadas por el pleno de la Asamblea Nacional en horas de la madrugada, tras el respaldo de 99 votos a favor de los 125 parlamentarios presentes en la Cámara, y han abierto un debate en la opinión pública en torno a la pertinencia de la medida.
Entre los 268 amnistiados hay 60 que estaban procesados por las manifestaciones de octubre de 2019, mientras que 153 estaban involucrados en protestas en defensa de territorios comunitarios, 43 identificados por organizaciones civiles como defensores ambientales, y 12 “criminalizados” por administrar justicia indígena.
DIRIGENTES INDÍGENAS Y CORREÍSTAS
Entre los beneficiarios de la decisión del Legislativo figura Leonidas Iza, hoy presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), la mayor organización de pueblos originarios de Ecuador, así como a la prefecta de la provincia de Pichincha, de la que Quito es capital, Paola Pabón, leal al expresidente Rafael Correa (2007-2017), además de varios “defensores del agua”.
Iza valoró en redes sociales que con esta amnistía “se reivindica la lucha social, el derecho a la resistencia y la democracia”, antes de advertir que “la lucha contra el neoliberalismo continúa”.
Por su parte, el Movimiento Revolución Ciudadana, que lidera Correa, señaló en un comunicado que las amnistías constituyen “un acto de verdad y reparación ante la ausencia de justicia en el Ecuador”.
Su acólita Pabón y otros dos dirigentes del partido habían sido imputados por el delito de rebelión y apuntados por el Gobierno del expresidente Lenín Moreno (2017-2021) de tratar de desestabilizar la democracia.
Estas amnistías, según la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori, del movimiento plurinacional Pachakutik, segunda fuerza parlamentaria, servirán para “reconciliar” al país.
CRÍTICAS DEL GOBIERNO
Sin embargo, la medida ya ha despertado críticas entre legisladores conservadores y miembros del Ejecutivo del presidente Guillermo Lasso, que aunque avanza que respetará la decisión constitucional que emana del Parlamento, la considera injusta.
Desde Santiago de Chile, donde el mandatario ecuatoriano asistirá este viernes a la investidura de su homólogo chileno, Gabriel Boric, Lasso manifestó que “el legítimo derecho a la protesta no puede afectar a otros”.
Y el consejero de Gobierno, Diego Ordóñez, expresaba en una rueda de prensa en el Palacio presidencial en Quito que muchos de los amnistiados estuvieron “involucrados en los lamentables actos que vivió el país”.
“La Asamblea Nacional ha olvidado a Quito en llamas, a familias afectadas, a la propiedad privada, a la integridad afectada, a la estabilidad democrática afectada y ha cometido un acto de injusticia”, apostilló el consejero antes de cargar contra una decisión que pretende pacificar al país pero que, por otro lado, no incluyó a funcionarios y miembros de los cuerpos de seguridad.
Ordóñez aseguró que “al Gobierno Nacional, con respeto a la independencia de funciones, no le queda opción que respetar, no obstante, cuestionar la decisión y solidarizarse con las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y, particularmente, con los ciudadanos de Quito” por “los efectos de los actos violentos que se produjeron”.
DEBATE ABIERTO
Entre el 3 y el 13 de octubre de 2019 Ecuador quedó paralizado por los disturbios que se registraron con especial virulencia en el centro de la capital ecuatoriana, y el bloqueo de vías cruciales del territorio nacional, lo que llevó al Ejecutivo de entonces, encabezado por Lenín Moreno, a declarar el estado de excepción.
El desencadenante fue un decreto presidencial que eliminaba históricos subsidios a la gasolina y que tuvo que ser derogado para aplacar unas protestas en las que murieron media docena de personas y más de 1.500 resultaron heridas.
La decisión de amnistiar a los procesados en relación con los hechos ocurridos en 2019 evidencian la fuerza política que tiene el colectivo indígena en el Parlamento, además de la bancada correísta de la Unión Por la Esperanza (UNES), frente a los sectores oficialistas.
De acuerdo con la Conaie, el 80 % de las solicitudes de amnistías e indultos planteados a la cámara son casos de defensores de los derechos humanos, de la naturaleza y colectivos.
Para unos son defensores criminalizados y para otros procesados por cometer actos violentos contra el orden público y el derecho al libre tránsito, dos visiones enfrentadas que dejan servido el debate y abren una posible puerta a nuevas protestas ante las reformas que Lasso quiere impulsar en materia laboral y de seguridad social. EFE
